La costumbre del Gobierno en perder causas contra la Nación en la Corte Suprema

La semana pasada, desde el Gobierno se dio a conocer que la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar que paralizó la obra del Corredor Vial Central. Con el mencionado fallo en contra, hasta el momento es la quinta sentencia en contra del Gobierno que dictó la Corte Suprema.

La sentencia sobre el Corredor Vial Central fue dictada el 13 de septiembre pasado, ordenando al Gobierno la “prohibición de innovar”, por lo tanto aplicar la ley que pretendió expropiar los inmuebles del sistema ferroviario Gral. San Martín y toda normativa dictada en consecuencia. Además, se ordenó que no se deben “llevar a cabo actos que alteren la situación anterior  a  la  sanción  de  tales  normas”, dice la sentencia.

Sierra de las Quijadas

Otra causa de expropiaciones a bienes de la Nación fue la del Parque Nacional de Sierras de las Quijadas. Mediante una ley el Gobierno expropió el parque con la finalidad de que esas tierras fueran restituidas a la comunidad Huarpe, quienes se harían cargo de la administración del parque. Finamente, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Gobierno abstenerse de realizar actos o sancionar normas que modifiquen el estado del parque, previo a la sanción de la ley de expropiación.  

Coparticipación vial

El otro round que perdió el Gobierno contra la Nación fue en mayo de este año, en una causa que inició contra el Consejo Vial Federal y la Dirección Nacional de Vialidad por el reclamo de fondos de coparticipación vial.

El Gobierno planteó la inconstitucionalidad de la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo Vial Federal. Según la sentencia, el mencionado artículo establece que el incumplimiento del deber de información, total o parcial, traería aparejado que “se tome pesos cero ($0,00) como inversión de fondos propios”. El deber de información implica la presentación de formularios, respaldado en su documentación contable oficial y en los comprobantes correspondientes por parte del Gobierno.

Para el Gobierno, el Reglamento Operativo del Consejo Vial federal es ilegal pues “…autoriza a confiscar a las provincias sus fondos de coparticipación vial contra el texto expreso de la ley…”.

“Que ha sido la propia actora (el Gobierno) con su incumplimiento la que se puso en la situación en virtud de la cual ahora reclama, sin que haya podido demostrar de parte de la demandada la conducta antojadiza que le atribuye”, dice uno de los fundamentos.
Pero otro fundamento de la sentencia dice que la demanda no puede prosperar porque el Gobierno no está legitimado para plantear la invalidez constitucional de una norma que él mismo, como miembro del Consejo Federal Vial, dictó junto con los demás integrantes en diciembre de 1997.

Uso de reservas

A fines de 2009, el Gobierno interpuso una causa en la Corte en la que planteaba la inconstitucionalidad de decreto de necesidad y urgencia, el cual establecía la utilización de reservas del Banco Central en el pago de la deuda externa. La Corte entendió que el Gobierno careció de interés directo en la causa y no estuvo legitimada para actuar en representación de sus sanluiseños.

Subsidios al transporte

Otro fallo en contra del Gobierno fue en diciembre del año pasado cuando el máximo tribunal rechazó un amparo el Gobierno en contra del Estado Nacional para que cesara de retener los subsidios al transporte.

Desde 2008, el Gobierno inició 16 demandas contra el Estado Nacional en la Corte Suprema de Justicia por un monto total de $6.700 millones. Los expedientes están en distintas etapas procesales, entre las que se pueden nombrar, la
causa en contra de las retenciones al campo, y la que el Gobierno defiende el derogado sistema privado de jubilaciones, ya que era socio de la AFJP, Profesión + Auge.

Categorías: Informes