Conozca los detalles del caso.
Un oficial inspector denunció ante el juez Sabaíni Zapata que en la comisaría de La Toma los autos secuestrados son desarmados por un mecánico de la zona, con el visto bueno del jefe de la comisaría. Además el policía, quien luego de la denuncia fue puesto en disponibilidad, denunció ante asuntos internos de la policía que la comisaría de La Toma protege a un proxeneta, el cual pagaba al responsable de la comisaría tres mil pesos mensuales a cambio de no ser molestado.
Jorge Medero, el policía denunciante actualmente sancionado, imputó al comisario Javier Funes y al mecánico Flavio Flores los delitos de robo, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y amenazas (los tres últimos delitos solo imputados al comisario Funes) luego de que ambos procedieran al desmantelamiento de los vehículos que se encontraban secuestrados en la comisaría, con la intención de proveer de repuestos a otros vehículos también secuestrados, los cuales están en poder de efectivos policiales para uso particular.
Medero aseguró en su denuncia que “todos los móviles entraron a la comisaría funcionando, salvo un Fiat Uno y una Pick Up bordó, los cuales ya estaban en la comisaría cuando el denunciante fue destinado allí”. Medero denuncia que el mecánico se presentó a fines de 2010 en la comisaría diciendo que era amigo del comisario Funes y que tenía orden de él de retirar los vehículos de la comisaría, para trasladarlos a su taller, con el objetivo de reemplazarles las piezas en buen estado por otras inservibles, colocando los repuestos buenos en otros vehículos particulares.
Medero aporta dijo en su denuncia que “el mecánico se presentaba en la comisaría siempre después de las 23 horas, argumentando que era el momento en el que dejaba de trabajar en su taller, accionar que era respaldado por el mencionado comisario Funes, quien personalmente o vía telefónica daba la orden de que lo dejaran entrar, pero sin que se asentara el ingreso en el libro de guardia”.
El policía sancionado denunció que a partir de que tanto él, como el oficial Juan José Rodríguez, se negaron a permitir las continuas incursiones del mecánico dentro del predio de la comisaría, ambos comenzaron a “ser perseguidos, hostigados y amenazados por el comisario Funes y por el oficial Villegas, quien por ser el oficial que seguía en jerarquía a Funes, siempre quedaba encargado de la comisaría”.
Medero, quien también denunció el manejo discrecional de los vales de combustible por parte del comisario Funes y del notable incremento del consumo de combustible con respecto a la gestión del comisario Astudillo (antecesor de Funes), asegura que en enero de 2011 la comisaría recibió varias denuncias de pobladores quienes aseguraban que en un prostíbulo cercano conocido como “El Cruce”, eran explotadas menores de edad. De acuerdo con la denuncia, “en ese momento se encontraba a cargo de la comisaría el oficial Villegas porque Funes estaba de licencia”.
En la denuncia ante Sabaíni Zapata (foto), Medero no detalla los resultados de la investigación respecto a la veracidad de las denuncias contra el prostíbulo, lo que sí hace en su descargo ante Asuntos Internos de la Policía. Según relata Medero, el prostíbulo se encuentra a unos cinco kilómetros de La Toma (en la intersección de las autopistas 55 y 20) en jurisdicción de la comisaría de El Morro, y ante las insistentes versiones de que en el tugurio había menores ejerciendo la prostitución, el mismo Medero se comunica con la comisaría correspondiente para
trasladarles la inquietud, hecho que no consigue llevar a cabo porque en la comisaría no atendía nadie el teléfono. Es entonces que Medero habló con el oficial Villegas a cargo de la comisaría, quien, ante la falta de una orden de allanamiento, autorizó una inspección superficial de la que participan diez efectivos repartidos en los dos móviles de la comisaría.
De acuerdo con la versión de Medero, en el lugar no encontraron menores, pero sí 14 mujeres extranjeras y dos argentinas, las cuales vivían en un espacio reducido aparentemente “bajo llave”. El operativo realizado el 29 de enero casi a la media noche, no agradó a José Alberto Camejo quien en ese momento se encontraba como encargado del lugar. Medero asegura que Camejo, antes de permitirles el ingreso al prostíbulo les aseguró a los policías que “ustedes son muy chiquitos para mí, porque mi jefe ya arregló con el jefe de ustedes”, además de asegurarles que tiempo antes, en ocasión de una fiesta organizada por policías en Saladillo, el prostíbulo había “colaborado” con fernet y otras mercaderías.
El oficial, hoy sancionado, asegura que grande fue su sorpresa al llegar al prostíbulo y descubrir que en un costadito del mismo, cerca de una puerta lateral, se encontraba el patrullero de la comisaría de El Morro, con la dotación completa de policías, razón por la que nadie les había atendido el teléfono un rato antes, “los cuales no se encontraban realizando procedimiento alguno, sino tomando bebidas frescas”.
Con la vuelta de Funes a la comisaría, el oficial Villegas desmintió conocimiento alguno del operativo y Medero asegura entonces que fue recién allí que Funes en persona fue a buscar a un abogado, de nombre Antonio Quiroga, para que denunciara a Madero y Rodríguez de haberle pedido al encargado del prostíbulo una coima de 25.000 pesos, la cual luego se habría reducido a 10.000 para luego bajar a una última oferta de 7.000 pesos.
“Me llama la atención que habiendo participado diez oficiales de policía en la inspección al prostíbulo, sólo nos hayan sancionado a mí y al oficial Rodríguez, los cuales ya estábamos en la mira de Funes por no dejar entrar en nuestro turno a la comisaría al mecánico que sacaba piezas de los autos. Respecto a la coima es infantil pensar que se le puedan pedir 25.000 pesos a un prostíbulo que se cae a pedazos y que esa noche sólo tenía dos clientes. Evidentemente, nos hicieron una cama”, dijo Medero.