La nota está escrita por Ricardo André Bazla.
La promulgación de la ley de creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, es consecuencia del trabajo llevado adelante en el Congreso de la Nación por los legisladores nacionales de toda la Argentina, que interpretaron la necesidad de una comunidad que, en los últimos 28 años está postergada. Naturalmente que en ello, tuvieron protagonismo los representantes de San Luis, pero en definitiva es pertenencia de todos los argentinos, pues se sustentará sólo con el presupuesto nacional.
Quienes hemos tenido la fortuna de formarnos en la universidad pública, jamás imaginaríamos que la Universidad Nacional de Córdoba sea sólo de los cordobeses o que la Universidad Nacional del Litoral pertenezca sólo a los santafesinos, por citar sólo dos casos representativos, cuyos claustros tuvimos el honor de transitar, con el esfuerzo propio en la dedicación al estudio y el esfuerzo de todos los argentinos en sostenerlas materialmente, mediante el pago de los tributos nacionales.
Observamos con tristeza la carente institucionalidad con que algunos sectores partidarios de San Luis y particularmente de Villa Mercedes, hacen esfuerzos para surgir como los “dueños” de una iniciativa, que es propia de la Argentina toda.
Las facultades que otorga la Constitución Nacional a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, corresponden institucionalmente sólo a quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional. En cabeza de ella, residen las potestades institucionales de nombramiento del Rector Organizador, quien a su vez ejercerá, en su momento, las competencias propias de tan digna función.
Claro está, que propiciamos la participación ciudadana en la definición del perfil de universidad que tendrá sede física en Villa Mercedes, para brindarse desde aquí a la Nación toda. En consecuencia, y dadas las maniobras distorsivas que se están realizando desde la Municipalidad de Villa Mercedes, con evidentes propósitos político partidarios, es que desde el Partido Frente del Coraje Social, rechazamos con énfasis cualquier tergiversación de un proceso institucional que culminará cuando así lo disponga la Presidenta de los argentinos, pues las normas vigentes así lo establecen.
