“Le hemos enviado una carta documento al Ministerio de Planificación, a cargo de (Julio) de Vido, a efectos de que arbitre todas las medidas para normalizar la situación del combustible. Por tal motivo es que hemos elevado nota a las autoridades nacionales para que con la máxima brevedad tomen medidas en el asunto y se eviten mayores contratiempos”, anunció Scivetti. “Hemos intimado a De Vido a que ponga una solución o de una definición ante la situación del combustible”, agregó la ministra.
Para quienes no están al tanto de lo que ocasionó el conflicto, cabe señalar que la Nación, desde hace años, le asigna a cada empresa de transporte, de acuerdo a su flota, un determinado cupo de combustible subsidiado (a aproximadamente $0,98 el litro de gasoil) en una petrolera específica (YPF en el caso de San Luis). A su vez, cada empresa paga su cupo por adelantado y recarga gasoil siempre y cuando lo necesite. Esto ha permitido que, por casi cinco años, el boleto de colectivo no haya subido de precio en una gran cantidad de ciudades del país.
Sin embargo, a mediados de mayo, la codicia de las multinacionales y sendos atrasos a la hora de depositar los subsidios por parte de Nación llevaron a que las petroleras comiencen a retacear el gasoil. “Por una gran puja entre la Secretaría de Energía y las petroleras, las petroleras han procedido a retacear el combustible y no proveen combustible a las empresas o les están entregando menor cantidad de cupo. Entonces, teniendo el combustible comprado, no pueden acceder porque la estación de servicio se lo retacea o le dice que no tiene cantidad para proveer combustible subsidiado. Proceden, con la intención de comprar a precio surtidor, es decir casi $4, y la estación de servicio contesta que no está autorizada a vender al transportista porque es mayor el consumo”, explicó Scivetti.
Fiel al discurso neoliberal y antikirchnerista del Gobierno provincial, la ministra se deshizo en críticas a la Nación, pero nunca cuestionó el accionar de las petroleras multinacionales. De este modo, San Luis se termina sumando al grupo que intima al Gobierno Nacional a que haga algo que ya está haciendo, buscar una solución al problema, y no al de aquellos que han exhortado a las petroleras a que vendan el bendito gasoil subsidiado.
“Yo entiendo que lo primero que debe ocurrir a nivel nacional es empezar a tomar medidas serias en lo que refiere a políticas subsidiadas. Si se subsidia el transporte, tienen que ser medidas serias y poder sostenerlas y cumplirlas”, sostuvo Scivetti, quien, al día de hoy, todavía defiende la ley provincial que le permite al Gobierno provincial administrar el Sistau, un subsidio que es directamente destinado a las empresas de transporte.
Venta de tarjetas de celulares a sobreprecio
Otra de las irregularidades que han motivado la intervención del Ministerio de Transporte, Industria y Comercio es la venta de tarjetas telefónicas a precios superiores al que en ellas figura, conforme a denuncias formales ingresadas al Programa de Defensa al Consumidor.
“Estamos investigando los casos planteados para corroborar la existencia de los mismos y establecer bajo qué ley se amparan los comerciantes que hubiesen procedido como aseguran los denunciantes”, dijo Scivetti, agregando que, “en principio, no existe ninguna reglamentación que avale vender tarjetas telefónicas a valores superiores a los indicados, por lo que solicitamos a quienes se hayan enfrentado con tal situación que formalicen la denuncia correspondiente ante el Programa de Defensa al Consumidor, y así poder proceder al respecto”.
