La misiva fue enviada incluso a tres ministros de la Nación. 
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos le envió una carta al Gobernador con el objetivo de que cesen las expropiaciones en Estancia Grande, tal como le contó a La Gaceta, Lilian Videla, titular de la filial San Luis del organismo. También se les envió copia del escrito a los ministros de Seguridad, Derechos Humanos y Justicia de la Nación, Nilda Garré, Eduardo Luis Duhalde y Julio Alak, respectivamente.
La carta dice:
Al Sr. Gobernador de la Pcia. de San Luis
Dr. Alberto Rodríguez Saa
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se dirige a Ud. ante las denuncias recibidas sobre la situación de los pobladores de Estancia Grande de El Durazno, San Luis. Hoy reclamamos en particular por la familia Escudero quien ha sido objeto el pasado viernes 15 de julio a las 7.15 hs de la mañana, de un allanamiento sin orden judicial exhibida, con gran violencia policial a cargo de más de 100 efectivos del comando COAR que irrumpieron violentamente en la propiedad de don Mario Escudero, donde se encontraban su hija Rosa, la pareja de ésta y 4 sobrinas adolescentes.
La irrupción violenta, con rotura de la puerta de entrada a una hora en la que todavía la familia estaba descansando y pese a no oponer resistencia fue claramente vejatoria. Los adultos debieron vestirse delante de las tropas policiales que las apuntaban con sus armas, y lo mismo ocurrió con las jovencitas que dormían en una carpa contigua. Luego los adultos fueron llevados sin mediar explicación alguna en calidad de detenidos e incomunicados a la Comisaría del Trapiche y luego a la Central de Policía, y las jovencitas fueron llevadas a la Comisaría del Menor, donde se las encerró en una celda con candado despojadas de sus objetos personales. Recién después de 2 horas fueron entregadas a sus padres.
Nuestra delegación recibe desde hace tiempo denuncias de atropello y violencia hacia las familias de Estancia Grande y de otros moradores de la provincia, con el objetivo de expropiar sus tierras, sin abrir instancias de diálogo o mediación para conciliar intereses de las dos partes, pese a que la familia Escudero estuvo siempre dispuesta a hacerlo y lo está actualmente, aún con semejante acción intimidatoria más propia de una dictadura que de un gobierno democrático.
Luego de estos hechos, el campo fue retomado por sus dueños, acompañados de vecinos y distintas agrupaciones, mientras la policía y el grupo especial COAR, permanecían aún en el lugar. Miembros de nuestra Delegación lograron pasar previa identificación y pidiendo hablar con el jefe del operativo.
Señalamos que estos procedimientos arbitrarios incurren en una violación flagrante de derechos humanos de la población – a la propiedad, a la libertad, a la privacidad, al respeto a la ley, al derecho a la información estatal sobre los megaproyectos que afectan las propiedades rurales – por parte del Estado que debiera garantizarlos.
Por el contrario los funcionarios del poder judicial y los legisladores que actúan en el asunto “expropiaciones” hasta el momento lo único que han garantizado es la impunidad de los abusos del poder político y de las fuerzas de seguridad.
Sr. Gobernador: Le pedimos que haga cesar las expropiaciones injustificadas y que exija de las fuerzas de seguridad del estado un comportamiento democrático y respetuoso de los Derechos Humanos.
