“Esto tiene que ver con nuestro derechos constitucionales a un ambiente sano”, comentó el abogado Sebastián Ponce.

Ayer a la mañana, Sebastián Ponce, abogado de la asociación ambientalista Pircas, explicó la presentación legal que se hizo en relación a las obras del Corredor Vial Central que se están realizando en la zona del puente Blanco y plaza Italia.

“Básicamente es un pedido de prohibimiento de medidas preliminares, destinadas a formar o completar una futura acción de amparo ambiental. Esta medida lo que solicita es alguna documentación del Poder Ejecutivo Provincial para poder completar esta acción de amparo, ya que nunca se publicó el pliego de condiciones. En dicho pliego debe estar, en algunas de las cláusulas, la obligación de realizar el estudio de impacto ambiental”, precisó Ponce, antes de destacar, justamente, la inexistencia de dicho informe.

Asimismo, el abogado recordó que la obra está afectando zonas que para algunos ciudadanos “están constituidas como patrimonio histórico y cultural”, como lo son el puente Blanco y la plaza Italia. Allí, de acuerdo a Ponce, corren peligro especies arbóreas como los algarrobos negros, los cuales “cuentan con más de 50 años y se encuentran también protegidas por una ley que establece áreas de reserva natural”.

Volviendo al estudio de impacto ambiental, el letrado opinó que este debería haber sido realizado por el Gobierno de la provincia, previo a la ejecución de la obra. Ponce también destacó que, en otras provincias, los pliegos a veces les exigen a las empresas adjudicatarias realizar estos estudios. “En relación a esto, la empresa que va a licitar deberá prever un sistema de mitigación del daño, realizando parques, etc. Sino, el estudio de impacto puede determinar la viabilidad o no de la obra”, puntualizó.

“Esto tiene que ver con nuestro derechos constitucionales a un ambiente sano”, concluyó el abogado de la asociación Pircas.