“Lo que yo sé y lamento es que esto significa que la Corte se va a pronunciar dentro de 20 o 30 años, porque así nos tiene acostumbrados esta Corte y la anterior y la anterior. Además, tampoco es una decisión sobre el tema principal, porque es una medida cautelar”, comentó el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, quien ya firmó los correspondientes decretos acatando la orden de la Justicia nacional.

“Es como una suerte de venganza a San Luis”, agregó Rodríguez Saá, sin siquiera hacer mención a que siempre se supo muy bien, desde el momento en que se llamó a licitación pública, que existía la posibilidad de que esto ocurriera y que la ciudad quedara sumida en el caos total que supondrá tener una obra de semejante envergadura a medio terminar.

“Lo que vamos a tratar es que se haga una modificación parcial y se permita continuar la obra en los lugares donde el ferrocarril no tiene títulos y son tierra de nadie”, agregó el Gobernador, quien también ordenó a Fiscalía que pida una audiencia de conciliación “para ir personalmente a la corte y plantear esta situación”.

Las otras órdenes que recibió Fiscalía incluyen “hacer un relevamiento pormenorizado y actualizado de todo el estado de la obra” y contrastarlo con el abandono del que los terrenos fueron víctimas durante años. La idea es lograr que algún representante de la Corte venga a San Luis a constatar el avance de la obra y lo difícil que es volver atrás. El fiscal Allende también deberá recordarle a la Justicia que la provincia ha puesto el tendido férreo que pasa por la localidad de Beazley a disposición del ferrocarril.

“Llama la atención que esta medida cautelar fue iniciada a principios de este año y recién se nos notifica ahora, por lo cual la Corte no conoce las situaciones fácticas en las que se ha llevado adelante la obra ni su estado avance”, concluyó Allende, quien tendrá la dura tarea de justificar ante la Corte Suprema de Justicia la irresponsabilidad con la que el Gobierno provincial se manejó en este asunto.