El ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Eduardo Mones Ruiz informó en conferencia de prensa que el Gobernador firmó el decreto de reglamentación de dos artículos de la mencionada ley. Uno de los artículos refiere a la autoridad de aplicación, que en este caso será la Policía de la Provincia.
“Constatada la infracción al Artículo 1 de la Ley, la autoridad policial procederá en forma inmediata a la clausura preventiva del local y a la detención preventiva del/los infractor/es responsables del establecimiento, según lo prevé la normativa procesal”, leyó Mones Ruiz. En otra parte, el artículo dice que, si el local donde se ejercía la prostitución era alquilado, el locador o dueño “será notificado de la clausura dispuesta, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere caber por infracción” a la ley.
El funcionario explicó además, que el Centro de Asistencia a Víctimas del Delito del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, perteneciente al Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad, también será parte del procedimiento de clausura y “autoridad a aplicación, a los fines del resguardo integral de los derechos de las personas que se encuentren en el lugar… y que estuviesen situación de prostitución”. A su vez, este centro deberá implementar, de manera inmediata, acciones tendientes a la “prevención, asistencia y protección de la trata y explotación sexual de personas”, según explicó Mones Ruiz.
Cabe recordar que estas “acciones” no figuraban en el decreto original, que luego fue convertido en ley, el cual simplemente establecía que se debía “brindar protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes” a aquellas mujeres que pudieran ser identificadas como víctimas de la trata de personas. Esto fue duramente criticado por varios diputados opositores, quienes presentaron alternativas mucho más completas, las cuales fueron descartadas por el oficialismo legislativo.
