La medida de fuerza también afectó al transporte interurbano. 
El subsecretario de Medio Ambiente y Transporte, Mariano Estrada, calificó “ilegal, arbitraria e intempestiva” la medida de fuerza que realizaron desde la madrugada hoy, un grupo de choferes de Transpuntano, y que paralizó el servicio urbano en la ciudad de San Luis. La medida de fuerza también afectó al transporte interurbano.
Los trabajadores le reclaman a las patronales del transporte interurbano el pago de parte de los haberes de marzo. La medida de fuerza fue dispuesta en una asamblea que se realizó en la madrugada, sin informar a Relaciones Laborales con la antelación que establece la ley.
Estrada, junto al presidente de la empresa, Ignacio Campos, y al Asesor Letrado Ricardo Bazla, brindó una conferencia de prensa en Sala de Situación, para dar a conocer la posición de la Municipalidad en torno de este conflicto.
Por su parte Campos indicó que “la protesta es abiertamente ilegal, porque no se respetó la normativa establecida en estos casos de comunicar previamente la medida, por tratarse de un servicio público, pero además porque no es cierto que existan deudas por haberes mal liquidados”.
No obstante indicó que “tenemos todo previsto para poder brindar un servicio de emergencia, pero primero necesitamos que se expida la justicia y se desbloqueen las salidas de los colectivos”.
Indicó asimismo que “se trata de un grupo minoritario de choferes los que están protestando, dado que la mayoría quería trabajar pero no pudieron hacerlo por la barricada que se armó y que impidió la salida de las unidades”.
Preguntado sobre la cantidad de usuarios damnificados, estimó en “35.000 las personas que diariamente, los días hábiles, utilizan el servicio. Imagínense la cantidad de chicos que no fueron a la escuela o los trabajadores que llegaron tarde o no pudieron ir a trabajar. Es inconcebible e irresponsable el accionar de estos manifestantes”.
Bazla por su lado informó que minutos después de las 10 presentó una denuncia penal contra los manifestantes, ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo de Mirta Esley, por infringir el Art. 194, que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
El letrado agregó que “con esta medida a todas luces ilegal se ha perjudicado a miles de usuarios y a la propia empresa, que ha perdido la recaudación diaria” y cargó contra “el accionar de la policía de la provincia, que en lugar de colaborar para desbloquear los ingresos y accesos de la empresa, para que pudiera prestarse el servicio, se quedaron mirando pasivamente, por eso es que debimos efectuar una presentación ante el Poder Judicial”.
Por otro lado, aseveró que “ante la falta de reclamos fundados que justifiquen una medida de esta naturaleza, no tenemos ninguna duda que estamos en presencia de una interna de carácter político y gremial dentro del gremio de la UTA, porque a fin de mes se realizan elecciones y están haciendo demostraciones de fuerza”.
Abundó que “están usando la misma metodología que Moyano, que bloqueaba los ingresos a los supermercados a manera de extorsión”.
Estrada no dudó en definir como “verdaderos agitadores sociales” al grupo de trabajadores que protestaron de este modo, dado que “estuvimos desde un primer momento con los choferes, les demostramos que no había ningún error en la liquidación, prometieron que no harían medidas y luego el martes hicieron todo lo contrario”, enfatizó.
Con respecto al reclamo por mayor seguridad, Campos indicó que se
asumió el compromiso de “modificar el recorrido de algunas líneas y de colocar seguridad privada. Esto se planteó ante el Programa Relaciones Laborales, que convocó a las partes ayer (por el lunes) a una audiencia”.
“Nosotros concurrimos, pero no la UTA. Por ello es que se planteó una nueva reunión para este viernes. Por eso es incomprensible que en el marco del diálogo y la negociación, sin aviso previo, resuelvan una medida que afecta a toda la sociedad”, señaló.
