Conozca las palabras de apoyo que distintos sectores de la sociedad le dedican a los policías.
ASDE (Asociación de Docentes del Estado)
La grave situación que viven los efectivos de la Policía Provincial, ante la insensibilidad, necedad y sordera de un Gobierno que agravia, castiga y despide a quienes reclaman sus derechos, no hace más que evidenciar la situación que vivimos todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial.
El conflicto actual ha dejado al descubierto no sólo la precarización de la situación laboral de la policía, sino también, el estado de INSEGURIDAD e INDEFENSIÓN de todos los ciudadanos de la provincia de San Luis.
Solidarizarnos hoy, es solidarizarnos con todos los que sufrimos las políticas administrativas de la provincia de San Luis, una política donde la falta de diálogo y el castigo son los ejes en los que el Ejecutivo Provincial cimenta su poder.
ASDE expresa su solidaridad y apoyo a quienes se manifiestan hoy en defensa de sus derechos y, una vez más, reclamamos para Nosotros, para Todos los Empleados Públicos y para la Policía Provincial, ¡ PARITARIAS!
UCR (Unión Cívica Radical)
Ante la continuidad del grave conflicto policial, la UCR Distrito San Luis manifiesta:
La provincia se encuentra increíblemente sin la prestación del servicio estatal de seguridad pública, desde hace cinco días a la fecha.
El problema salarial del personal policial harto conocido por otra parte, ha sido origen del arduo asunto institucional que termina provocando natural inquietud, preocupación y angustia en una sociedad ávida de tranquilidad frente a la enorme inseguridad reinante en todos los órdenes.
La torpeza en resolverlo o más aún, omisiones que violarían los deberes de funcionario público por parte de los responsables del área específica como del gobernador han precipitado una situación límite que pudo haber tenido solución inmediata, y que la desaprensión y soberbia ignoraron por completo.
La Unión Cívica Radical fiel a su estilo en bregar por la defensa del estado de derecho, de la paz social y de la tranquilidad económica de los trabajadores y de la ciudadanía en general, ha venido advirtiendo sobre profundas debilidades en la gestión de la administración Poggi, como así del intento deliberado en presentar a su gobierno solamente como dueño de fortalezas institucionales.
Como se advertirá, la actitud absurda en dilatar dicho episodio torna en peligroso desmadre de la situación policial, que podría terminar en un caos sin precedentes.
Desde la UCR, con la confianza que descansa en nuestro bloque de representación legislativa, aguardamos el denodado esfuerzo al servicio de superarlo, y contribuir así a la paz social y defensa de los justos salarios de los trabajadores policiales.-
APTS (Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud)
La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, A.P.T.S. adhiere al justo reclamo de los trabajadores y servidores públicos de la fuerza policial, quienes al igual que docentes y profesionales y técnicos de la salud son postergados y no son escuchados en sus genuinos reclamos de orden salarial y de condiciones de trabajo.
Esperamos del gobierno una verdadera actitud de escuchar y una voluntad política de solucionar el conflicto que garantice la integridad de los trabajadores que se animaron a reclamar en el ejercicio de un derecho constitucional.
“En defensa de la Salud Pública y de los
Derechos de sus trabajadores”
Profesor Luis “Tochi” Moreno
Desde los inicios con Adolfo Rodríguez Saá, luego con Alicia Lemme y Alberto Rodríguez Saá hasta esta actualidad de Claudio Poggi, el gobierno de San Luis ha mantenido una categórica constante: la variable de ajuste son los salarios de todos sus empleados: profesionales de la salud, docentes, administrativos y policías.
Lo muestran a las claras todos los presupuestos provinciales en los que las cifras correspondientes a las Erogaciones Corrientes y de Capital son prácticamente iguales; lo que demuestra que a este gobierno le interesa más la obra pública que lo humano.
Es así como nos encontramos con edificios nuevos: administrativos, hospitales, escuelas y comisarías que se ven modernos y confortables; pero con las personas que allí trabajan con sueldos entre los más bajos del país. No sólo preocupan los sueldos, sino mucho más la precariedad laboral con una planta de personal plagada de contratos, algunos llevan decenas de años; pasantías, planes sociales, etc.
Todas acciones que demuestran a las claras la tremenda deuda en lo humano que arrastra este gobierno feudal sanluiseño y que además del desprecio a las personas que denotan, forman parte del plan de dominación por el temor y el clientelismo con que este “modelo” funciona. Para asegurarlo, los gobiernos fueron logrando la división y hasta el enfrentamiento, entre las organizaciones gremiales del personal que trabaja en el Estado provincial. Además por cierto, de la tradicional poca acción de la CGT en reclamos a los gobiernos provinciales.
Entre una cosa y otra, es muy evidente:
A- lo bajo de los salarios públicos con aumentos anuales por debajo del incremento del índice de precios que el mismo gobierno mide;
B- el descontento de todos los empleados involucrados;
C- la falta de vías de reclamos eficaces, orgánicos y persistentes por parte de las organizaciones gremiales; las que no encuentran cómo superar el temor nacido en sus representados ante las medidas de castigo que han sabido sufrir.
LA POLICÍA.
Hace ya unos cuantos días que comenzó el reclamo policial por salarios y condiciones de trabajo. Y son reclamos justos a la vista de todos, pero difíciles de concretar habida cuenta de la prohibición que tiene este personal para agremiarse. Lo que suma al temor o complicidad callada de los oficiales superiores que debieran trasladar de modo claro y fuerte esta realidad a las autoridades provinciales.
Este reclamo no es sino una categórica expresión del fracaso de la política policial de 1983 a la fecha.
Así las cosas, al personal policial no le queda otra que el auto acuartelamiento, la protesta de sus familiares o la toma de edificios como ocurre con la Jefatura Central. Frente a esto último, el juez Sabaíni Zapata ordenó su desalojo aconsejando también el diálogo entre las partes. Lo que se da de narices con la escasa o nula vocación dialoguista del Gobierno con su personal; lo que no hace sino provocar la radicalización de la protesta o su desaparición total por temor.
Esta desalmada indiferencia gubernamental se ratifica cuando tras muchos días surge un principio de acuerdo; pero la negativa del gobierno a firmar un acta que ratifique y asegure esos acuerdos. Firma que es de manual para cualquier conflicto laboral.
De a poco y con alguna timidez inicial fue surgiendo el apoyo de la sociedad sanluiseña al reclamo. Gremios como ASDE, han expresado su solidaridad para con el personal policial.
Mientras, da la impresión que otros sectores de empleados públicos esperan a ver cómo se resuelve este conflicto para tomar decisiones al respecto; lo que no deja de ser, visto de afuera, una actitud especulativa en lugar de solidaria.
LECCION A FUTURO
Esta misma Policía provincial que recibe solidaridad para con sus justos reclamos salariales, ha sabido ser merecedora de descalificaciones por acciones de represión, de apremios ilegales, de incapacidad para actuar en casos de violencia de género, etc. Los mismos docentes que hoy los acompañan supieron de una dura y hasta artera represión en el 2004, cuando también reclamaban por salarios y condiciones laborales. En ese mismo año miles de ciudadanos reclamaron en las calles por sus derechos y aspiraciones siendo duramente reprimidos, basta recordar el itakazo que recibió en el rostro Marcelo Bustos Padovani.
Se dirá en descargo, que fueron órdenes superiores, lo cual es verdad. Pero es cierto también, que en muchas ocasiones se puso demasiado celo en cumplir órdenes violentas. Como también es cierto que muchos parecen no conocer u olvidar que nadie de entre el personal de seguridad está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes. Y nuestra Constitución y nuestras leyes garantizan derechos salariales, de libre expresión y de reclamos. Toda acción que atente contra estos derechos o contra la integridad o la vida misma de las personas es un delito y más grave aún si es cometido por personal de las FFAA o de Seguridad.
Si hay órdenes en esa dirección, son órdenes inmorales. No hay obligación de cumplirlas.
UNA DUDA
Se ha sabido que el gobierno kirchnerista de la Municipalidad de San Luis ha llevado en vehículos oficiales ayuda material y en alimentos a los policías en Jefatura Central.
¿Será este apoyo la expresión de un cambio en la política kirchnerista con respecto a cómo trató en lo nacional el reclamo salarial de la Gendarmería?
LA OPORTUNIDAD
Puede ser éste un momento para lograr mayor armonía entre Policía y pueblo sanluiseño, ya sea éste considerado en su conjunto o en sus expresiones sectoriales.
Los que hoy reciben solidaridad con sus reclamos, que sepan no reprimir cuando otros hermanos hagan los suyos. Aunque se lo ordenen.
Los docentes del instituto de formación policial y la misma plana mayor deben asegurar que enseñanza, órdenes e instrucciones sean con conocimiento y respeto de todos los derechos humanos según los regulan la Constitución y las leyes. Eliminando las órdenes represivas e inmorales que sólo manifiestan incapacidad de resolver por otras vías.
Se hace difícil creer que actitudes de este tipo surjan de estas autoridades provinciales o de quienes han sido formados en la represión como método usual. Debiera surgir de abajo, desde el personal que está reclamando. Y de sus familias, su nexo con el pueblo todo.
Los que hoy reciben solidaridad en sus reclamos, que sepan no reprimir cuando otros hermanos hagan los suyos.
Si así ocurre, San Luis habrá dado un importante salto de calidad en su vida democrática y republicana.
