“Esto indica preocupantes fallas en la organización y dirección de la fuerza policial”, comentó el abogado Elías Taurant.
Cadetes de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana con Orientación Policial de la provincia de San Luis impugnaron un examen psicológico que los deja fuera de la carrera policial por considerar que “sus resultados se advierten incorrectos, arbitrarios y contrarios a los dos exámenes realizados en oportunidades anteriores”.
Los cadetes, patrocinados por los abogados Sosa, Martín y Taurant, solicitaron que “se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 03-PSyP-2012 art. 1 de fecha 7 de mayo de 2012, ordenando nuestro ingreso a la policía de la provincia con el grado de alférez ayudante”.
Uno de los abogados, Elías Taurant, explicó que “resulta nada creíble, que 79 estudiantes que eran aptos para cursar una carrera de Tecnicatura, tras superar dos exámenes psicológicos al comienzo de sus estudios, al final de la misma, faltando solo la entrega del título, se hayan transformado en personas no aptas para ingresar a la Policía”. “Vale decir que en una promoción de una carrera de casi dos años y medio, en los que el gobierno preparó, capacitó, becó y evaluó, había 79 estudiantes sin capacidad para ejercer su profesión”, señaló.
“Estas condiciones negativas no existían principios de 2011, cuando el gobierno de San Luis tras llamar a inscripciones en el mes de abril y terminar de dictarla en octubre, tal como sucedió con las siete anteriores promociones, pasaron a cumplir funciones en la misma Policía, a la espera del decreto para comenzar a cobrar sus haberes”, aseguró el abogado.
“Desde que el gobernador Alberto Rodríguez Saá tomó la decisión de incorporar a auxiliares de policía, la mayoría provenientes del Plan de Inclusión y luego de un corto curso, los cuestionamientos se hicieron escuchar porque se consideraba que la capacitación y la preparación física y psicológica para ejercer la función, vestir un uniforme y portar armas, no era suficiente, y en los últimos años, sucedieron una serie de hechos que se utilizaron para sostener esta posición”, comentó el letrado, quien agregó que, sin embargo, siete promociones completaron el curso y están en servicio.
“En el año 2011 recrudecieron los cuestionamientos por lo que , ya en la gestión del gobernador Claudio Poggi, se decidió que los integrantes de la octava promoción, no obstante haber completado el curso y prestado servicios durante mas de cinco meses, deberían cursar un año y medio mas de instrucción en el Instituto de Seguridad, al cabo de los cuales, a quienes aprobaran, se les designaría inmediatamente en el grado de alférez. Así se estableció en la resolución N° 3 de la Jefatura de Policía que se dictó en ese entonces. Completado el nuevo curso de 1 año y medio, la graduación, prevista para el 27 de diciembre fue suspendida sin causa. Posteriormente, a comienzos de febrero del corriente año, 80 cadetes fueron citados haciéndoles saber que por un nuevo examen psicológico habían sido declarados inaptos para la función policial”, recordó Taurant.
Es decir, que después de haber hecho dos cursos, en conjunto mas de dos años, y aprobado todas las materias del programa, con el estado físico requerido, se los sometió a un nuevo examen psicológico, cuyos resultados establecieron que los auxiliares “adolecían de fallas que en les impide alcanzar satisfactoriamente las competencias requeridas para el puesto”. De igual manera, “algunos alumnos de la misma promoción ingresaron a la institución pese a no haber aprobado el examen psicológico correspondiente”, comentó Taurant.
“En su lugar, el lunes 3 y martes 4 de febrero fueron convocados y en atención al ‘presunto’ resultado negativo del examen y se les ofreció un contrato categoría “E” en la Administración
pública, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, por el término de 3 meses, con una remuneración de $ 4.200”, relató el abogado.
Por todo esto, los afectados pidieron al rector del Instituto de Seguridad, Jorge Handanoniu, que deje sin efecto el informe, recordando que ya han superado dos exámenes psicofísicos a su ingreso a los cursos respectivos y que, en forma consecuente, se cumpla con la resolución aludida, realizándose en forma urgente todos los trámites necesario que les permita ingresar con el grado de alférez ayudante a la Policía de la Provincia.
Finalmente, Taurant aseguró que la medida gubernamental, además de vulnerar groseramente derechos constitucionales, “indica preocupantes fallas en la organización y dirección de la fuerza policial, en tanto se ha actuado con increíble torpeza, atropellando elementales normas del derecho y revelando graves deficiencias en la formación de los hombres que van a tener la alta responsabilidad de resguardar los derechos de los ciudadanos”.
