El secretario aclaró que antes de comenzar la construcción de las viviendas, las áreas municipales correspondientes tienen que aprobar la obra previamente.
“Desde el punto de vista legal, de las ordenanzas que establecen un procedimiento para construcciones, ese barrio es totalmente clandestino. No se hizo un proyecto, no se presentó en Ser.Ba, tampoco en Obras Privadas para alentar las construcciones que deben cumplir el Código Urbanístico de Edificación”, criticó el funcionario.
A pesar de no contar con los permisos correspondientes, se conectó el barrio a la red de agua, teniendo en cuenta que los adjudicatarios ya estaban habitando las casas.
Por otra parte, Zarrabeitia dijo que se le pidió al Gobierno el padrón de adjudicatarios de las viviendas pero que en un primer momento de les remitió “un listado trucho firmado por el que hizo la red”. Luego se repitió el requerimiento hasta que se envió el listado solicitado con el objetivo de que los adjudicatarios paguen los servicios municipales que hasta el momento no se abonan.
En septiembre del año pasado, desde la Municipalidad se reveló que empresas a cargo de los planes habitacionales del Gobierno provincial adeudan más de $2.000.000 “por diferentes irregularidades, como falta de documentación e incumplimiento del pago de tasas para el inicio de obras”.
