“En los términos que está redactada la norma actual, no vamos a terminar nunca un juicio de cuentas o de responsabilidad”, señaló el concejal.
Ayer, en diálogo con La Gaceta, el concejal radical Francisco Guiñazú dio detalles de un extenso proyecto que ha presentado luego de interiorizarse sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas municipal, el cual apunta a corregir un gran número de sinsentidos de las ordenanzas que regulan a este órgano. “En los términos que está redactada la norma actual, no vamos a terminar nunca un juicio de cuentas o de responsabilidad”, señaló el concejal.
Tras recordar que desde hace años que se vienen rechazando las cuentas de inversión del municipio capitalino, Guiñazú remarcó que nunca se llega a finalizar un juicio de cuentas o de responsabilidad administrativa. Una de las primeras cosas que el radical propone cambiar con su proyecto es el hecho de que no se puede realizar juicios contra un funcionario que, valga la redundancia, esté en funciones. “Lo cual es un absurdo, lo bueno es que el juicio de responsabilidad se haga de forma inmediata, cuando está ahí, no cuando se va”, dijo el edil.
Uno de los principales sinsentidos que Guiñazú busca derogar es que sea el asesor letrado de la Municipalidad quien deba ejecutar las resoluciones que adopte el Tribunal. “Todos sabemos que el asesor letrado de la Municipalidad es el apoderado del Intendente, entonces todos los pronunciamientos que el Tribunal de Cuentas pudiera llegar a emitir nunca van a ser ejecutados”, comentó el radical.
Este problema se solventaría fácilmente poniendo en marcha la figura de “fiscal administrativo municipal”, la cual está contemplada en la Carta Orgánica municipal, pero no hoy en día no se ejerce. “Es el que tiene la facultad específica de ejecutar todas las resoluciones del Tribunal”, dijo Guiñazú, explicando que esta figura tiene autonomía funcional. Para que este fiscal se elija, Guiñazú propone que sea nominada por el Ejecutivo y ratificada por el Concejo Deliberante, previo concurso público de antecedentes y oposición.
En otro apartados, el interesante proyecto de Guiñazú establece cosas como que si los funcionarios no cumplen con el envío de información, se los podrá multar; que los juicios de cuenta no pueden durar más de 3 meses y que el Tribunal pueda acceder a todos los expedientes municipales que necesite de manera digital.
También propone un control previo, por parte del Tribunal, de toda compra que supere las 800.000 unidades monetarias municipales, lo que podría ser un punto que el Poder Ejecutivo seguramente rechace.
“Aquellos concejales que no apoyen un proyecto que lo único que impulsa es mayor transparencia y mayor eficacia para el Tribunal de Cuentas es porque está en contra de la transparencia”, respondió el concejal radical cuando se le preguntó que tracción cree que este proyecto puede llegar a tener en el Concejo Deliberante.
