Dijo el secretario de Gobierno sobre este juicio de 1974 que le podría costar alrededor de 30 millones al municipio.
En la mañana de ayer, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Luis, Federico Cacace, recibió a periodistas en su despacho y se refirió al pedido de prórroga de Emergencia Económica que realizó el Municipio al Concejo Deliberante, recordando que desde gestiones anteriores se viene utilizando este recurso.
“Este año se ha enviado nuevamente el proyecto al Concejo Deliberante para que la prórroga sea por el año 2015 y, conforme a esto, desde el Concejo nos pidieron un informe para evacuar la consulta de cuántos son los juicios en trámite y cuántos de ellos presentaban diferentes aristas, como condena firme y liquidación presentada al Ejecutivo para ver sus pagos y los montos”, dijo Cacace
“Lo que vale la pena destacar con esto es que el juicio Arancibia-Bernáldez justifica por sí solo la necesidad de prorrogar por un año más la ordenanza de emergencia económica, tan necesaria para no desfinanciar y para dar previsión a lo que es el presupuesto y la ejecución para el año 2015 por parte del Municipio. El no prorrogar la ordenanza podría generar un impacto peligroso en las cuentas municipales”, dijo Cacace, señalando que este juicio fue iniciado en el año 1974 por dos proveedores del municipio.
“El jueves es la última sesión ordinaria del Concejo y esperemos que ahí los concejales traten el proyecto. Sino veremos diferentes posibilidades, entre las cuales está la de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema. La emergencia económica vino como parte de un movimiento nacional, no podría especificar exactamente los años, pero este mecanismo llevan en vigencia cerca de 10 años. La Nación y también la Provincia la tienen, de hecho ha sido sancionada nuevamente y es por eso que seríamos de las muy pocas jurisdicciones del país que no tengan sancionada una ley de emergencia económica”.
“El problema es el alto monto que se ha generado en liquidaciones a partir de los intereses y el tiempo que ha corrido. Todas las gestiones municipales lo han padecido porque es un juicio de muchos años y los abogados han ido cambiando. Lamentablemente, durante esta gestión se efectuó la liquidación e intimación de pago en ese expediente y, casualmente, si no hubiese emergencia económica, el riesgo que corremos es que los acreedores intenten un cobro coactivo el año que viene con embargo de las cuentas municipales”, señaló el secretario.
“El monto es de 30 millones de pesos aproximadamente y en el cobro coactivo puede existir un intento de embargo de cuentas o de bienes municipales. No quiero generar un alerta con esto, pero el Municipio es de todos los ciudadanos de San Luis, y no queremos que pueda existir un desfinanciamiento o complicación en sus cuentas”, concluyó Cacace.
