A raíz de esto, se empezó a contratar servicios adicionales de personal policial, pero los conflictos fueron escalando hasta convertirse en una verdadera lucha de clases. Por un lado, jóvenes de clase media o alta que organizan estos eventos, que obviamente consisten en escuchar música lo más fuerte posible y consumir copiosas cantidades de alcohol; y por el otro, chicos de un nivel socioeconómico más bajo que se quieren colar a estas fiestas y, si no lo logran, hacer todo lo posible para arruinarlas.
Ante la cancelación de mucho de estos eventos, este año las fiestas comenzaron a migrar hacia terrenos descampados en los límites de la ciudad o campos en Juana Koslay y La Punta. Al haber más espacio, las fiestas se han hecho más grandes y, si se suma toda la gente colada, no es raro que una de estas fiestas supere las 500 personas, siendo la inmensa mayoría de ellas menores de edad. A su vez, muchas de estas fiestas están avaladas por uno que otro padre de los adolescentes que las organizan, que los ayudan a alquilar el terreno donde se realiza el evento e inclusive impidiendo que las clausuren.
Y como suele ser común en la Argentina, los legisladores deciden ocuparse del tema una vez que ya ha alcanzado dimensiones prácticamente inmanejables. “Más vale tarde que nunca”, dijo ayer el concejal Jorge Pereira cuando La Gaceta le remarcó lo tarde que han decidido tomar cartas en el asunto, durante una conferencia de prensa en la que se anunció un trabajo en conjunto entre ediles de la Capital, Juana Koslay y La Punta para controlar estas fiestas.
“Es cierto que este tipo de fiestas han mutado y día a día van tomar mayor gravedad. Estoy seguro que estas fiestas comenzaron siendo una cosa y luego se han ido desvirtuando”, dijo Pereira, quien las catalogó como “clandestinas”, señalando que se han vuelto “más peligrosas” porque cada vez asisten adolescentes más chicos.
En cuanto a la conferencia de ayer, esta se realizó tras una reunión de concejales de Compromiso Federal de las tres localidades ya mencionadas. “Se planteó la idea de un protocolo de actuación común para los 3 municipios, porque cuando uno ataca el tema de una manera en una de las ciudades, van migrando hacia las otras. Que surjan ordenanzas a través de los cuerpos legislativos”, subrayó Pereira, señalando que se va a continuar con estas reuniones tendientes “obtener una legislación común a las tres ciudades”.
Las soluciones que se barajan por el momento consisten en que los municipios brinden a los adolescentes “algún tipo de lugar para que hagan sus fiestas” y “fuertes multas” a quienes alquilen terrenos para estos eventos y para quienes provean el servicio de sonido, el cual muchas corre a cargo de las empresas de viajes de egresados. “El inconveniente principal lo tenemos con el alcohol, que es un elemento que está muy incorporado en la cultura de los jóvenes”, dijo Pereira, con respecto a la posibilidad de que haya un lugar municipal para este tipo de eventos.
“Todos queremos que los chicos se diviertan, pero sanamente, en un lugar que esté habilitado, con las garantías de seguridad correspondientes”, comentó Jorge Videla, concejal de Juana Koslay, señalando que muchas de estas fiestas en descampados ni siquiera cuentan con baños habilitados.
Todos los concejales presentes también subrayaron la importancia que tienen los padres de los adolescentes en estos asuntos, ya sea avalando y prestándose para organizar estas fiestas, o ignorando dónde están sus hijos. “El problema se soluciona con los padres. Son fiestas clandestinas y los padres no saben donde están sus hijos divirtiéndose”, dijo Videla.
Por el lado de la Policía, el comisario destacó que, debido al gran número de gente que asiste, “no es fácil” desactivar estas fiestas. “No es que la policía o el municipio no actúe. Nosotros queremos anticiparnos. Estamos viendo en qué estamos fallando”, concluyó el comisario.
