“Lo que priorizo es el derecho constitucional de los ciudadanos de la provincia a tener ese servicio. Eso es prioritario. Por eso suspendo la obra con respecto a sacar los postes. No la obra pública. El municipio puede seguir haciendo la obra. Y a la Universidad le doy tres días para que presente un plan con carácter de urgente de cómo los va a sacar y qué va a hacer. Y una vez que esté ese plan, voy a citar a las dos partes para que se pongan de acuerdo porque es una obra que afecta a la ciudad”, informó la jueza.

“Yo rescato que la Universidad no se opone a sacarlos, pero necesita un plazo mayor. Pero no me dice cuál es el plazo, ni me dice cuál es el plan que tiene de obra”, dijo Bona, quien precisó que ha dado un plazo de 25 días. En ese período, la ULP tiene que presentar su plan, para que después el municipio sea citado para observarlo y dar su visto bueno.

En cuanto a los elementos con los que cuenta la causa, Bona dijo tener una nota del municipio intimando a la ULP para que en 24 horas retire el tendido; una misiva de la rectora, Adelaida Muñiz, al intendente Enrique Ponce; y un acta notarial, en la cual un escribano dice que ya han sacado un poste de la primera cuadra de la Illia.

“Cuando yo le de traslado al municipio, el municipio dirá todo lo que tiene que decir”, dijo la magistrada, refiriéndose a las notas que la Municipalidad dice haberle enviado a la ULP desde comienzos de año. “Yo creo que las cosas se tienen que solucionar porque acá hay un interés superior a La Punta”, concluyó la magistrada.