Es el Gobierno aspiraba que fuera transformado en ley ayer. 
El proyecto del Gobierno de emergencia en seguridad tiene media sanción del Senado y Cambiemos frenó por ahora el tratamiento en Diputados. La iniciativa contempla una diversidad de aspectos como intervenir comisarías, declarar prescindibles efectivos, entre otros.
El proyecto contempla declarar en estado de emergencia al sistema de seguridad la provincia por el término de un año, autorizando al Ejecutivo a extender su vigencia por igual término.
La emergencia comprende los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de:
-La Policía de la Provincia de San Luis
-Programa de Seguridad Vial
-Programa Concertación con la Comunidad
-Programa San Luis Solidario
-Servicio Penitenciario
-Instituciones de formación en seguridad y otras organizaciones e instituciones que directa o indirectamente influyen sobre la seguridad con los siguientes objetivos
A partir de lo mencionado, el Gobierno podrá crear, modificar, integrar, y suprimir total o parcialmente funciones y/u organismos. También se podrá reasignar funciones y destinos a todo el personal de la Policía de la Provincia, Programa de Seguridad Vial, Programa Concertación con la Comunidad y Programa San Luis Solidario, Servicio Penitenciario, y otros organismos que directa o indirectamente influyen sobre la seguridad.
La declaración de emergencia en seguridad será motivo suficiente para pasar a disponibilidad a al personal de la Policía de la Provincia de San Luis y Servicio Penitenciario. El pase a disponibilidad también se realizará cuando se produzca la pérdida de confianza por actos que afecten el prestigio de la institución y/o los objetivos del proyecto.
El personal declarado prescindible que no esté bajo “sumarios administrativos o procesos penales de los que pudieran resultar sanciones de cesantía o exoneración, y según corresponda, tendrá derecho a indemnización. Será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año”, dice el proyecto. En caso de que no sea sancionado con la expulsión también podrá acceder a la indemnización.
Los efectivos con 25 años de antigüedad tendrán el reconocimiento de todos los derechos y obligaciones establecidos para el retiro obligatorio, con un haber jubilatorio como mínimo igual a la cantidad de años de servicio. En caso de no alcanzar los 25 años de antigüedad, el Gobierno realizará los aportes faltantes y contribuciones previsionales y de la obra social, patronales y personales hasta completar esa antigüedad.
El Gobierno podrá intervenir comisarías cuando en el territorio de su jurisdicción se cometen delitos reiterados, haya sospechas de irregularidades operativas y administrativas, y otras causas que lo ameriten.
