Más de 90 periodistas firmaron un documento conjunto sobre los obstáculos que se padecen para trabajar.
Ante el reciente episodio de agresiones que padecieron periodistas de El Diario de la República por parte de policías, más de 90 periodistas emitieron un documento conjunto en el que se repudia el hecho y se exponen recientes dificultades que se padecen para trabajar. Los obstáculos para conseguir información se padecen desde hace años en la provincia.
El documento de los periodistas dice:
“Basta de atropellos a la libertad de expresión,exigimos respeto al ejercer nuestra profesión”
Los que suscribimos, periodistas de la Ciudad de San Luis, nos dirigimos a la sociedad en general y en particular a cualquier tipo de autoridad e instituciones públicas y/o privadas que deba velar por nuestro trabajo, nuestra vocación y entrega al servicio de la comunidad, con los fines de expresarles nuestra preocupación por una serie de hechos ocurridos en las últimas semanas que atentan con el normal desempeño de nuestras labores como trabajadores de prensa.
Denunciamos y ponemos en conocimiento una serie de hechos ocurridos en el ámbito de la ciudad capital, en los que fueron víctimas de atropello trabajadores de prensa y que motivan nuestro más enérgico repudio, al ver violentados nuestros derechos y los de la Opinión Pública: la libertad de expresión y el acceso a la información.
El día viernes 26 de Febrero a través de un grupo de WhatsApp gubernamental de comunicación institucional, se convocó a una conferencia de prensa a fin de dar a conocer el alcance del reajuste tarifario energético en la oficina de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Al momento de la convocatoria, la funcionaria que iba a brindar la información, sostuvo que le dieron la orden de que dejara “solo grabar audio” y no imágenes afectando la labor de los medios televisivos. Sin embargo, en el interior de la oficina ya se encontraban los medios oficiales para los cuales no regía esa condición. Ese mismo día en horas de la mañana, la ministra de Seguridad, Beatriz Alagia, convocó solo a algunos medios para la difusión del lanzamiento del programa “Cuidamos tu Familia”.
Entre el 24 y 26 de febrero, un grupo de vecinos del barrio Eva Perón, advierten a la periodista María José Corvalan sobre unas niñas en situación de riesgo. Tras tomar el caso y vía telefónica poner en conocimiento a instituciones como Desarrollo Social, Familia Solidaria, Secretaría #niunamenos y dirigentes, se logra un oficio para retirar las nenas de la casa del agresor y resguardarlas en la vivienda de la mayor de la hermanas. El viernes por la noche, una funcionaria de esa Secretaría llamó a la periodista mencionada para conocer detalles del caso, prometiendo ocuparse el lunes. Durante los días lunes 29 de febrero y martes 1º de marzo, Corvalan denunció por las redes sociales la no intervención de las autoridades y la mala predisposición de algunas funcionarias para con el caso de las niñas. El día miércoles, una alta funcionaria de dicha Secretaría, en comunicación organizaciones de mujeres por este caso, le advirtió que si la periodista concurría a su oficina la haría sacar por la fuerza pública, ya que se habían sentido “insultadas” ante la denuncia pública del caso y la demanda para su intervención. Esto acompañado de agravios tales como “ésta loca” por el solo hecho de pedir que el organismo articule los mecanismos para actuar con inmediatez, siendo a menudo el periodismo receptor de reclamos de la ciudadanía por la tardía reacción del Estado.
El pasado miércoles 3 de Marzo, en horas de la madrugada, policías de la División Homicidios le cortaron el paso intempestivamente con una camioneta, en Tomás Jofré y pasaje Santiago del Estero, al vehículo que trasladaba a los trabajadores de
prensa Gustavo Luna, Gabriela Farías y Alejandro Lorda quienes intentaban cubrir la detención del intendente de La Calera, Diego Lorenzetti, acusado del asesinato por encargo de su esposa, Romina Aguilar. Un hecho que trascendió las fronteras locales y conmociona a todo el país. Cuando el reportero gráfico Alejandro Lorda, en un intento por cubrir la noticia, se bajó y corrió hacia la División Homicidios, ubicada a media cuadra, dos policías le cortaron el paso antes de llegar, lo retuvieron tomándolo de la cámara contra una pared para que no tomara fotos. A los otros colegas también les impidieron el paso argumentando que le iban a “cagar (sic) el procedimiento”.
Estos tres hechos mencionados son apenas recientes ejemplos de impedimentos y atropellos que padecen los trabajadores de prensa en la ciudad de San Luis.
Manifestamos nuestro más absoluto rechazo y repudio a cualquier tipo de obstáculo, hostigamiento y amenaza, que impida nuestro trabajo diario en busca de la información. Quienes ostentan cargos públicos y aquellos que deben velar por el orden, como la Policía, deberán entender que nuestro trabajo consiste en informar, no en “obstaculizar procedimientos”, “hacer un circo” o cualquiera de las acusaciones dirigidas a descalificar nuestra labor.
Veríamos con agrado que las autoridades gubernamentales se replanteen la necesidad de informar las agendas de actividades oficiales con el tiempo y la forma que corresponde sin hacer una convocatoria selectiva. Asimismo, rechazamos una práctica que se está volviendo habitual, la de convocar a conferencias de prensa que se disfrazan como “agenda abierta” y terminan en un inadmisible intento de coartar la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Vale recordar que nuestra Constitución Provincial en su artículo 21 es clara en cuanto a que “es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase. Ninguna ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de las ideas, ni trabar, impedir ni suspender por motivo alguno el funcionamiento de los talleres de impresión, difusoras radiales, televisivas y demás medios idóneos para la emisión y propagación del pensamiento, ni secuestrar maquinarias o enseres, ni clausurar sus locales, salvo por resolución judicial. Aquel que abuse de este derecho es responsable de los delitos comunes en que incurre a su amparo y de la lesión que cause a quienes resulten afectados. Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información”.
En tanto la Ley Nacional N°12908 -Estatuto del Periodista Profesional- expresa en su artículo 13 sobre el libre acceso a las fuentes de información públicas, que los periodistas tenemos derecho: “a) Al libre tránsito por la vía pública cuando acontecimientos de excepción impidan el ejercicio de este derecho; b) Al acceso libre a toda fuente de información de interés público; c) Al acceso libre a las estaciones ferroviarias, aeródromos, puertos marítimos y fluviales y cualquier dependencia del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal”.
Y por último la Constitución Nacional en su Artículo 14 expresa, entre múltiples derechos, el de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 sostiene que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (derecho a su vez ratificado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13).
Una sociedad sin periodistas que puedan acceder a la información, es una sociedad inhabilitada de conocer acerca de sus problemas. El periodista tiene el deber, la responsabilidad y la vocación de hacer saber a su
prójimo de lo que sucede en la diaria realidad. Si se vulnera la capacidad del periodista de acceder a datos públicos, se vulnera en consecuencia el mismo derecho de la gente a la que informa todos los días.
También lamentamos y afirmamos nuestra preocupación por el silencio de algunos medios de comunicación ante este tipo de hechos, porque entendemos que indirectamente terminan siendo cómplice de los autores, como así también, fomentando actos de censura y presión para generar autocensura en quienes son víctimas de estos atropellos. Debieran ser los mismos medios de comunicación quienes manifiesten con fuerza a través de sus editoriales la defensa del consagrado derecho a la Libertad de Expresión.
Agradecemos a los compañeros que de manera privada adhieren a este documento pero por temor a represalias no se animan a firmarlo. En ese sentido, esperamos que después de hacerse público este escrito, no haya reproches, ni reprimendas a quienes solo con el objetivo de hacer respetar nuestra noble profesión, se atreven a colocar su nombre y apellido entre los firmantes. Así también exhortamos a las autoridades a no malinterpretar nuestro genuino reclamo y tomar debida nota de lo que decimos. Lo hacemos despojados de cualquier tipo de intencionalidad política-partidaria.
Exponemos ante la sociedad sanluiseña, que son cada vez más frecuentes los episodios contrarios a la Libertad de Expresión que dan a conocer los propios trabajadores de prensa, quienes pasan a ser protagonistas ya que se convierten en sus víctimas. Por ese motivo, no vamos a permitir que se naturalicen hechos de violencia que no deberían existir, ni se estigmatice una profesión que garantiza los derechos de libertad y contribuye a fortalecer los pilares de la Democracia. No hay excusas para la resignación, no lo vamos a permitir y decimos un NO rotundo a las arbitrariedades, exigiendo a los que invaden los espacios del periodismo que se abstengan de ejercer violencia y hostigamiento sobre aquellos que se esfuerzan día a día por sostener la dignidad en el oficio y abrir espacios de información que nos demandan los tiempos que corren, con entrega, pasión y responsabilidad social.
Pablo Oro – María José Corvalan – Agustín Martínez – Leonardo Kram – Cristina Sosa – Gustavo Luna – Gabriela Farías – César Strazza – Matías Nieto – Juan Pablo Gonzalez – Andrea Sosa Araujo – Gladys Aguilar – Maria Jose Garis – Matias Barallobres – Elisa Sosa – Nino Romero – Gaston Binet – Cecilia Racca – Cecilia Moyano – Adriana Lucero – Carmen Gonzalez – Sergio Raddi – Ivana Pereyra – Lilian Olguín – Mónica Guevara – Mariano Ferreyra – Gustavo Senn – Hernán Corral – Ricardo Lavandeira – Hernán Pacheco – Ayelen Britos – Alicia Esnaola – Nicolás Varvara – Natalia Torres – Gonzalo Calderón – Gabriel Maldonado – Cristian Piani – Sergio Alcaraz – Mariano Medina – Alejandro Lorda – Alberto Beato – Mario Otero – Julio Ammann – Matías García Elorrio – Angel Altavilla – Flavio Cabeytú – Marina Rubio – Gabriel Casari – Alejandro Magdaleno – Marina Balbo – Carina Catalfamo – Cristian Sortino – Raquel Wolansky – Laura Espejo – Noelia Barroso – Héctor Emilio Díaz – Wences Rubio – Pablo Culati – Gustavo González – Verónica Miranda – Meme Fernandez- Carlos Capella – Jorge Castro – Gustavo Servidia – Gustavo Alosi – Alejandro Heredia – Roberto Agüero – Martha Perez – Daniel Cayuman – Julieta Franco -Analia Carrara – Javier Serra – Gustavo Falduti- Romina Oyarzún- Eliana Altamirano -Santiago Luna – Magdalena Strongoli – Viviana Martinez – Maximiliano Molina – Julio Becerra – Fabián Quiroga – Lucas Gallardo – Fernando Guajardo – Juliana Otero – Bruno Lago – Gabina Olguin – Maria Gabriela Bonino – Maria Teresa Bonino- Sandra Araujo – Yoni Concia.
