“Me parece una vergüenza estar negando estos beneficios a las personas que nos salvan la vida”, manifestaron desde uno de los bloques que luchó para que la ley no sea vetada.
Poco más de cuatro meses después de que se aprobó la Ley de Bomberos Voluntarios, el oficialismo, gracias a un acuerdo con el Frente para la Victoria, logró que el veto de Alberto Rodríguez Saá a dicha norma sea enviado a comisión, donde seguramente dormirá por meses, en vez de ser rechazado, como dicta la Constitución Provincial en su artículo 134.
Este artículo, eje del debate de ayer, establece lo siguiente: “Si antes del vencimiento de los diez días tiene lugar la clausura de las sesiones de las Cámaras, el Poder Ejecutivo debe igualmente dentro de dicho término devolver el proyecto vetado a la secretaria de la Cámara que lo ha remitido, sin cuyo requisito no tiene efecto al veto”. El término al que hace referencia es de 10 días hábiles, y no fue cumplido por Rodríguez Saá, quien remitió el veto a la Legislatura el 24 de diciembre de 2015.
Cabe destacar que a la sesión asistieron decenas de bomberos voluntarios de distintos puntos de la provincia que siguieron muy de cerca el debate, aplaudiendo e inclusive abucheando a los legisladores que se manifestaron en contra de esta ley por la que lucharon 10 años y duró poco más de 10 días. Entre las muchas irregularidades de ayer se puede mencionar que la sesión empezó casi 4 horas tarde y que a los bomberos que ingresaron al recinto se les pidió que se registraran con nombre y apellido.
En cuanto al debate, desde Cambiemos manifestaron su desacuerdo con las excusas del Gobierno que dan cuenta de que no hay plata para aplicar esta ley, mientras, por el otro lado, propulsa una megaobra de 1.200 millones. “Ganamos juicios y recibimos más dinero que no es excusa para no cumplir con este reconocimiento que apenas afecta el presupuesto del Estado”, dijo Alejandro Cacace, presidente del bloque Cambiemos. “Además, el veto está mal hecho”, agregó el diputado, remitiéndose al ya mencionado artículo 134, pidiendo el rechazo del veto y que se declare que la ley está vigente.
Por su parte, la diputada Verónica Causi, de Mercedinos por el Cambio, detalló cual sería el alcance de la Ley de Bomberos si fuera aplicada. “Bomberos está exigiendo 16 pensiones iguales a un Plan de Inclusión Social para personas mayores de 55 años, 269 beneficios de la mutual de Dosep, y 500 seguros de vida, y prioridad en el acceso a la vivienda, después de discapacitados y madres solteras. Me parece una vergüenza que los diputados hoy presentes no quieran tratar el tema sobre tablas y no quieran votar a favor de la ley. Me parece una vergüenza estar negando estos beneficios a las personas que nos salvan la vida, son servidores públicos”, dijo la legisladora mercedina, suscitando el aplauso de los bomberos presentes.
Por el lado del oficialismo, se enfocaron en justificar el veto más que en justificar sus acciones de ratificar esta acción de Rodríguez Saá que dio por tierra con una ley aprobada por muchos de ellos. El argumento que utilizaron se centró en que el 24 de diciembre no había concluido el periodo de sesiones, ya que hubo dos extraordinarias, las cuales se realizaron el 17 y 30 de noviembre.
“Reconocemos que hay una facultad constitucional del Ejecutivo, bajo sus razones, a vetar la ley y deberemos nosotros atender a las razones y encontrar los mecanismos para tratar la ley, pero no sobre tablas ahora. Nosotros proponemos la vuelta a comisión del proyecto. Entendemos que los plazos son válidos y que el tema merece el tratamiento serio y concensuado en comisión”, dijo Luis Martínez de Compromiso Federal.
Y básicamente lo mismo dijo después Daniel González Espíndola, adelantado que el Frente para la Victoria iba a acompañar con su voto
a Compromiso Federal, según el pacto que luego desató una vergonzosa ola de insultos entre los diferentes bloques.
De ese modo, el tratamiento sobre tablas fue rechazado y el veto enviado a dos comisiones de la Cámara, de donde muy pocos creen que va a salir rápidamente.
La palabra de los bomberos
Previo a la sesión, La Gaceta dialogó con Susana Tello y Roxana Díaz, presidenta y secretaria general de la Federación de Sanluiseña de Bomberos Voluntarios. “Me parece que es una falta de respeto”, opinó Díaz sobre el veto, agregando que les parece “una gran mentira” la escusa de falta de dinero.
Por su parte, Tello remarcó que desde el Gobierno les quieren sacar esta ley para imponerles otra. “Esto es un capricho y hay otro proyecto que es de quien hoy está encargado de San Luis Solidario, que es Guillermo Musri, que nos lo quieren imponer, pero nosotros no lo queremos porque no fue tratado ni consensuado con el sistema de bomberos voluntarios”, aclaró la presidenta de la Federación.
“Vamos a seguir en estado de alerta y movilización, nos volveremos a reunir y veremos entre todos los que vamos los pasos a seguir”, dijo Tello antes de que comenzara la sesión, adelantándose al voto negativo del oficialismo puntano.
