Por ello, la presentación judicial, realizada junto al Programa Defensa del Consumidor, consiste en una medida cautelar en la que se solicita la suspensión de la aplicación de las resoluciones de Enargas y el Ministerio de Energía, “que disponen estos aumentos que consideramos totalmente irrazonables”, emitidas por la gestión del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Según los cálculos de Emprogas (Empresa Provincial de Gas de la Provincia de San Luis), “si la persona consumiera lo mismo que el año pasado, con la aplicación de las nuevas tarifas en pleno, estamos hablando de aumentos proyectados que superan el 1.500% y en algunos casos llegan al 2.000% sobre los valores históricos de factura”.
En la presentación, explicó el jefe de Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, se pide la refacturación para el que no ha pagado y, por el otro lado, que se emitan notas de crédito para aquellas personas que ya hayan pagado una factura de Ecogas que ya incluyera el aumento. Por el lado de los usuarios de Emprogas el aumento solo impactará sobre 20 días del bimestre, pero de igual manera el aumento será considerable.
La acción declarativa de certeza se presentó el lunes a última hora de la tarde y ya se ha corrido vista al fiscal Federal, por lo que los funcionarios provinciales esperan que se resuelva dentro de un plazo de 72 horas. “Esperamos que en las próximas horas se dicte la medida cautelar en la forma que la hemos pedido”, dijo el fiscal, subrayando que la medida abarca a todos los usuarios, y no solamente a comercios o sectores menos pudientes de la población.
Ante este panorama, Montiel Díaz recomendó a los usuarios que “esperen hasta el último vencimiento” a la hora de pagar. El funcionario también destacó que el juez federal podrá ser quien fije qué porcentaje de aumento se terminará aplicando.
Los funcionarios también recordaron lo ocurrido en 2014, cuando la Justicia Federal frenó otro desmedido aumento del servicio de gas natural. Esto, a su vez, generó que las tarifas en nuestra provincia quedarán aún más retrasadas con respecto al resto del país.
“Pone en riesgo la salud, porque todo aquel que no pueda pagar el gas no va a poder calefaccionar sus hogares y es una cuestión muy importante a tener en cuenta la salud”, opinó Montiel Díaz con respecto al aumento, señalando que, en particular, ha recibido muchas denuncias y notas expresando preocupación de empresarios hoteleros de la provincia y proveedores de servicios de salud.
