Según Cambiemos, el kirchnerismo protegió a la empresa Rovella Carranza a cambio de quedarse, nuevamente, con el cargo de prosecretario administrativo.
Como era de esperarse la polémica que se ha desatado en torno a la empresa constructora Rovella Carranza llegó a la Cámara de Diputados, donde se mezcló con la elección de un nuevo prosecretario administrativo, terminando en acusaciones de corrupción y venta de votos por parte del Frente para la Victoria, el cual se terminó quedando con el cargo gracias a los votos de Compromiso Federal.
En dicha ocasión, Cambiemos acusó al FpV de votar a favor del veto a la Ley de Bomberos Voluntarios a cambio del cargo en cuestión, el cual fue dado al empresario Diego Sosa, quien terminó renunciando al día siguiente debido a la polémica desatada. En la sesión de ayer, el cargo nuevamente quedó en manos del FpV, quien nominó a Ana Parente. La moneda de cambio fue, según Cambiemos, el voto del FpV en contra del tratamiento sobre tablas de un pedido de informe referido a los vínculos del Gobierno provincial con Rovella Carranza, que efectivamente fue rechazado y enviado a comisión por “Compromiso para la Victoria”. De igual manera, cabe aclarar que el hecho de que este cargo iba a quedar en manos del FpV era algo ya sabido desde hace semanas, mucho antes de que Cambiemos presentara este pedido de informe.
A la hora de realizar su nominación para el nuevo prosecretario administrativo, tras la aceptación de la renuncia de Diego Sosa, quien fue electo en la que ha sido por lejos la sesión más polémica del año, los de Cambiemos se retrotrajeron al acuerdo que todos los bloques firmaron en diciembre del año pasado, el cual establecía que los dos secretarios quedaban para Compromiso Federal, mientras que el FpV y Cambiemos se repartían los prosecretarios.
“Si algo que me gustaría ver en este recinto es que se honren los acuerdos”, dijo el radical Fidel Haddad en vano, ya que desde el oficialismo consideran desde hace meses que el acuerdo en cuestión se rompió cuando Cambiemos no le dio quórum para tratar las leyes de emergencia económica y en seguridad que Alberto Rodríguez Saá quería que se aprobaran en diciembre del año pasado.
Sin embargo, resulta que el FpV tampoco dio quórum en esa sesión, pero no ha sido castigado por ello y ahora se alza con ambos prosecretarios. “Resulta que después le terminan dándole el cargo al mismo bloque que tampoco dio quórum. Por lo tanto, ese argumento no existe, es una transacción, es un cambio de cargo por voto. Una cuestión absolutamente espuria e indigna de este recinto”, continuó Haddad, quien destacó que el FpV tiene 6 miembros, Mercedinos por el Cambio dos y Cambiemos 12. “¿Alguien puede entender esta cuestión numérica de lo que está sucediendo en esta cámara?”, se preguntó el radical.
“En un momento, no se si era por los votos para los bomberos voluntarios, se cayó el cargo de prosecretario administrativo. Hoy debe ser por Rovella Carranza. Esto es un canje de voto por cargo. Esto es corrupción”, concluyó Haddad, no sin antes sentenciar que “hay en este recinto Judas, y hay los que le pagan a Judas”.
Otro proyecto que también implicó a Rovella Carranza fue un pedido de informe sobre el estado del dique La Florida, el cual, a pesar de las intensas lluvias de este verano, vio su cota drásticamente disminuida en la zona donde la controversial empresa está realizando diferentes emprendimientos inmobiliarios.
“Evidentemente lo de La Florida fue bajado por una causa que no tenía
que ver con ningún tipo de riesgo de crecida”, remarcó Fidel Haddad, señalando además que este es el dique más grande la provincia. “Es una cuestión de sentido común. Si uno mira la cota que tenían todos los diques de la provincia en ese momento y mira el de La Florida y parecía que el único riesgo estaba en el de La Florida. ¡No! Era el único en el que estaban haciendo un hotel. Lo bajamos para que Rovella Carranza haga un hotel. No digamos ‘lo hicimos por una cuestión de seguridad’”.
“Casualmente una de las empresas que está trabajando es Rovella Carranza, esta misma empresa de la que queremos que se de la información pública. ¿Cuál es el problema de dar la información pública? Hay que dar celeridad si no hay nada que esconder”, comentó Juan Manuel Rigau, de Cambiemos, impulsor de este pedido de informe. “Esperemos que el Gobierno de la provincia de respuesta y una respuesta real al respecto de lo que ha pasado con el dique La Florida”, agregó el diputado radical, remarcando que el Estado a cualquier otra persona le vende agua y que para que estas obras se realicen se derramaron “cientos de litros de agua sin que nadie los haya pagado”.
Sorpresivamente, este proyecto finalmente fue aprobado por la unanimidad de todos los bloques de la Cámara, por lo que el Gobierno provincial, a través de San Luis Agua, deberá emitir un informe sobre el tema.
Otro proyecto que se aprobó por unanimidad y con sanción definitiva pasa a Secretaría Legislativa para las comunicaciones correspondientes es uno de declaración, el cual propone la creación de un “servicio oncológico ambulatorio” para los pacientes oncológicos residentes en el departamento Chacabuco.