El titular de Vialidad Nacional en San Luis realizó una serie de aclaraciones sobre la denuncia que presentó un diputado provincial en la justicia federal. 
Ante la consulta de La Gaceta, el titular del 14º distrito de Vialidad Nacional, Jorge Follari, hizo aclaraciones que refutan los principales argumentos de la denuncia judicial contra la constructora Rovella Carranza que hizo el diputado provincial Walter Oio. Además, el funcionario manifestó que se colaborará con la justicia ante cualquier hecho de presunta corrupción.
Para Follari, la denuncia de Oio “tiene una serie de imprecisiones de tal entidad que difieren de la realidad”.
El legislador denunció que la obra de Vialidad Nacional en ruta 7 en el tramo Fraga – Desaguadero tuvo presuntos sobreprecios. El prepuesto original fue de $554.117.988, pero la obra terminó costando $886.194.741, tras seis readecuaciones presupuestarias.
Esta parte de la denuncia, el titular de Vialidad Nacional en San Luis, la calificó como de un grosero error conceptual. Follari afirma que toda obra financiada por Nación tiene una readecuación de precios, bajo determinadas condiciones establecidas por un decreto nacional.
El decreto en cuestión es el 1.295 – 2002, reemplazado en mayo por el Nº 691 – 2016. El decreto antiguo establecía que “los precios de los contratos de obra pública, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios superior en un 10%”. El índice inflacionario mensual que se tomaba para determinar el aumento de precios era el del INDEC.
Cuando se certifica determinada parte de la obra por estar finalizada se cobra lo proporcional al valor actualizado, explicó Follari, quien agregó que obviamente si no hay inflación, el precio de la obra no varía.
“De hecho va sufriendo seis readecuaciones porque seis veces saltó el 10% del valor de los índices. Es una normativa obligatoria para los funcionarios. Esto no existe en la Provincia porque hay otros criterios”, comentó el titular del distrito de Vialidad Nacional.
Otro pasaje de la denuncia de Oio es sobre los contratos de bacheo en dos rutas nacionales que ejecutó Rovella Carranza. En la denuncia se consignó que en la ruta nacional 147, Vialidad Nacional inicialmente había constatado la existencia de 453 baches, pero la empresa certificó 1.300, mientras que en la 146 los baches relevados fueron 250 y se certificaron 1.300. Rovella Carranza cobró $45.000.000 por los trabajos en cada ruta.
Follari admitió que se hicieron los bacheos en ambas rutas bajo lo que se conoce como un contrato crema, definido como un contrato de cinco años que consiste en la recuperación y mantenimiento de un tramo de ruta. La contratista debe en los primeros dos años realizar trabajos sobre la ruta para llevarla a un determinado estándar de calidad. En los tres años que restan de contrato debe mantener el estado de la ruta.
“No importa si hay un bache, 25 baches o 1.000 baches. Se paga exactamente lo mismo. Supongamos que teníamos 453 baches y la contratista reparó 1.300, y la verdad, es que habría felicitar a la supervisión por hacer trabajar de más a la empresa. No se pagó un peso de más por bache, porque no se paga por bache, se paga por el bache cero”, expresó el funcionario.
Finalmente, Follari dijo estar ansioso porque les llegue algún pedido de información judicial para aclarar todas las cuestiones denunciadas.
