La única ordenanza sobre estacionamiento medido que hay en la actualidad es del año 1996 y, en su artículo segundo, dice que “en el caso que el Poder Ejecutivo Municipal considere necesaria la concesión del servicio a terceros, deberá remitir el pliego general de bases y condiciones al Honorable Concejo Deliberante”.
Si bien este artículo parece dejar abierta la posibilidad de que el servicio sea tanto público como privado, Guiñazú considera que “estamos frente a un vacío legal intolerable” y se refirió a “la imperiosa necesidad de que exista una regulación legal que establezca cómo debe actuarse”.
A su vez, el concejal hizo hincapié en que “por Carta Orgánica, el Concejo Deliberante es el órgano autorizado a fijar tarifa”, mientras que las tarifas del estacionamiento medido están siendo fijadas por el Poder Ejecutivo. “Hoy por hoy estamos en una situación en que el intendente decide en que calle va a cobrar, en cuáles no. Es el intendente el que dice cuánto va a ser la tarifa en esta calle y cuánto va a ser en la otra. No resiste el menor análisis. Esto requiere otro tratamiento, que es el legislativo, y que es el que le debe dar el soporte jurídico para poder implementarlo”, dijo el concejal, quien se declaró un “ferviente defensor del estacionamiento medido”.
Una situación similar se da también con las calles en las que se debería prestar el servicio, asegura Guiñazú, a pesar de que la ordenanza, en su artículo tercero, claramente le otorga esta facultad al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el concejal insiste con que hay que legislar en este aspecto.
“Si se está recaudando bien, estamos generando trabajo a gente que realmente lo necesita, avancemos con ello, pero démosle seguridad a que esto que se va a mantener en el tiempo. Lo que debe entender el intendente es que él no es la ley”, agregó el concejal de Cambiemos, cuyo proyecto para darle un marco legal al actual sistema ya fue girado a la comisión de Seguridad e Higiene.
