Gutiérrez de Gatto dijo que se detectaron en toda la provincia 393 viviendas sociales deshabitadas que serán readjudicadas próximamente. A modo de ejemplo se informó que en 20 casas que se relevaron en Quines, 19 estaban vacías.
Los ex funcionarios con viviendas sociales
Hacia el final de la conferencia de prensa, la secretaria dio nombres y apellidos de ex funcionarios poggistas a los que se les adjudicaron viviendas sociales entre 2012 y 2015. Uno de ellos fue el ex ministro de Seguridad, Diego Pagella, y el otro Luis Gil, ex asesor en Vivienda.
La secretaria hizo hincapié en el caso de Gil porque en el momento de autoadjudicación de la casa era asesor en Vivienda y no se excusó. Lo que es más, se subió notoriamente en el orden de mérito para acceder a la casa “y a la persona que bajan es una señora que tiene una niñita discapacitada”, acusó Gutiérrez de Gatto, quien mostró una foto de la casa en cuestión con grandes mejoras edilicias a las pocas semanas de entregada.
En la imagen a la derecha de la pantalla está la nómina de ex funcionarios a quienes se les adjudicó una vivienda social. Donde dice NO con lapicera se refiera a que son casas que están deshabitadas, los cuales son cinco casos.
Pero en la nómina también hay funcionarios del actual Gobierno. Uno de ellos es Diego Pacheco, jefe de un subprograma del Ministerio de Obra Pública. Otras son Juliana Martina Lucero, jefa del Subprograma Eventos y Gestión Cultural; y Karina Orozco Moyano, funcionaria de la Secretaría de Vivienda.
El fracaso del plan Solidaridad
La funcionaria dio a conocer que de 33 municipios que adhirieron al plan de Solidaridad solamente 5 terminaron las viviendas. Se empezó la construcción de 871 casas y apenas se terminaron 498. Lo que se gastó en las 373 viviendas sin terminar es $213.693.217.
El plan Solidaridad consistió en un principio en la autoconstrucción por parte de los adjudicatarios de casas con materiales provistos por el Gobierno, pero ante el fracaso en la terminación de viviendas, la gestión anterior optó por contratar constructoras para que las finalicen.
De las viviendas terminadas, Gutiérrez de Gatto resaltó que varias de ellas tienen defectos constructivos citando los casos de La Toma, Justo Daract y los techos que se volaron en el barrio Estrella del Sur.
“Hay muchas violaciones. La falta de responsabilidad del Estado en el control que debió hacer sobre esas cosas. Alguien certificó, alguien aprobó y permitió que le pagara lo mismo que en éste estado de construcción. Segundo, los destinatarios son los sectores más vulnerables y encima en su mayoría mujeres con muchos hijos que tenían que dejar los hijos para ir a construir, y que si faltaban, les hacían perder la casa”, acusó la funcionaria.
Otra supuesta irregularidad que señaló la secretaria es que no hay un registro fidedigno de los lugares donde se distribuyeron los materiales de construcción. Por ejemplo, la funcionaria manifestó que se compró una cantidad de arena suficiente para la construcción de 1.000 viviendas, pero “no hay arena que haya sobrado por ningún lado y estoy hablando que se terminaron solamente 498 casas”.
Para terminar las 373 casas del plan Solidaridad, Vivienda firmará un convenio con Obra Púbica y la Constructora San Luis Sapem. Hasta ahora no se determinó el presupuesto que se debe destinar para finalizar la construcción, pero Gutiérrez de Gatto dijo que “es volver a gastar en lo ya gastado. Desde ahí ya hay un daño al Estado”.
Los comodatos de viviendas
La secretaria de Vivienda dio a conocer que se encontró una caja con
comodatos de viviendas sociales, figura legal que no está prevista en la ley provincial de vivienda. A lo que se sumaron personas que fueron a la Secretaría con contratos de comodatos.
“Desconocemos cuál fue el criterio para prestar las casas del Estado, a quiénes, por qué, cuántas son. El comodato salía simplemente con la firma de algún funcionario”, expresó la titular de Vivienda.
Las casas de los Aiello
Una parte de la conferencia de prensa, la secretaria la dedicó a Carmelo Aiello a quien cuestionó moralmente por adquirir él, su esposa y uno de sus hijos, 10 viviendas sociales, las cuales están alquiladas. No se hizo ninguna maniobra ilegal, ya que las casas fueron escrituradas entre 2013 y 2015. Una de las casas tenía un determinado número de escritura a nombre de la adjudicataria y la escritura con el número posterior por la misma casa figuraba a nombre de Susana Anzulovich, esposa de Aiello.
El caso estaría fuera de la órbita del Estado y no constituiría un ilícito en principio, según la funcionaria, pero “es reprochable desde el punto de vista moral”.
