“Por lo menos 80 familias, y otras tanto en Villa Mercedes, no están siendo consideradas en las adjudicaciones de las viviendas cuando ellos se inscribieron, cumplieron los requisitos, pagaron las cuotas. Están en distintas situaciones de vulnerabilidad social. Estamos alzando la voz política y las acciones legales que correspondan después si el Gobierno no cumple con esto”, dijo Riccardo.
Según el legislador, hay desadjudicaciones que incluyen a vecinos que estaban al día con las cuotas y que ya habían recibido documentación oficial diciendo cuál iba a ser su casa y dónde iba a estar ubicada, y hasta habían participado de las visitas de obras que realizaban los vecinos durante la gestión de Claudio Poggi. De hecho, muchos vecinos se enteraron de que quedaron fuera luego de ver los listados de las últimas entregas, en las que otras familias figuraban como adjudicatarios de las casas que a ellos les constaba en la documentación que poseían.
De acuerdo a información oficial del Gobierno, hubo casi desadjudicados en el pasado mes de abril. La razón, aseguraron desde el Gobierno, fue pura y exclusivamente el no pago de cuotas. Luego, en julio, se pidió a cientos de preadjudicatarios que actualizarán sus datos, dándoles muy poco tiempo para que puedan preparar y entregar los papeles correspondientes. En esa ocasión se reconoció además que las familias preadjudicadas no iban necesariamente a recibir la casa que figuraba en los documentos que le había dado la gestión Poggi.
Además de estas irregularidades, Riccardo también denunció que hay familias que están siendo visitadas por funcionarios del Gobierno de la provincia, quienes les realizan una serie de “preguntas impertinentes” con el fin “de amedrentar a los adjudicatarios de las viviendas”.
“Estoy con una madre que tiene 3 hijos, ella es nacida en San Luis, y le están dando vueltas y haciendo preguntas que son absolutamente discriminatorias y yo diría hasta xenofóbicas, como si el padre de uno de sus hijos es o no es de Buenos Aires. Eso no tiene nada que ver”, dijo Riccardo, quien aseguró que estos casos serán elevados al Inadi para que brinde asesoramiento a las familias perjudicadas.
“Estoy escuchando algunas opiniones de que el Gobierno ahora va a parar la vivienda pública porque quieren estudiar algunas irregularidades en la adjudicación de viviendas. Si hubo alguna irregularidad en las adjudicaciones, el principal responsable es el Gobierno de la provincia. Segundo, ¿por qué la gente que necesita una vivienda tiene que estar esperando que el Gobierno investigue sus propias irregularidades y su propia corrupción? Corrupción en la vivienda que la hemos denunciado desde hace 30 años”, dijo Riccardo. “Esto es una luz de alarma frente a tantas arbitrariedades que hemos visto”, agregó.
“Estamos instando a que los beneficiarios hagan sus reclamos en las oficinas públicas, que ejerzan sus derechos, que no admitan ningún tipo de pregunta que sea fuera de lo que corresponde al Instituto de la Vivienda, que no admita ningún tipo de intimidación”, concluyó el diputado nacional por Cambiemos.
