El pasado viernes, Alejandro Cacace, diputado provincial por Cambiemos, radicó una denuncia en el Inadi en contra del gobernado, Alberto Rodríguez Saá, por el polémico proyecto de ley que ha presentado para cobrar una tasa especial a las empresas que tengan empleados de otras provincias con menos de cinco años de residencia en San Luis. Además, el diputado comparó al Gobernador con el candidato presidencial de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump.
En su denuncia, el diputado manifiesta que el proyecto posee “en su articulado disposiciones de carácter xenófobo, discriminatorio y flagrantemente inconstitucional”. En uno de los puntos de su denuncia, Cacace hace referencia al artículo 8 de la Constitución Nacional, el cual establece que “los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás”.
“Ha alcanzado tintes xenófobos la conducta del Gobernador, desadjudicando viviendas a quienes no son de San Luis, buscando que no puedan ingresar a la policía, ahora dificultándoles el trabajo. Eso no es la puntanidad ni ser puntano. ‘El pago tranquilo y de buenos amigos’ significa que somos hospitalarios, que recibimos a los demás, a nuestros compatriotas”, dijo el diputado, remarcando que esta política expresa lo peor de la derecha reaccionaria.
“Esto expresa lo pero de la derecha reaccionaria, como encarnan hoy Donald Trump, los movimientos neonazis. Son normas fascistas y totalitarias de identificar y segregar, dividir y confrontar y enfrentarnos entre las culturas. No tiene ningún sentido desde lo económico. El Gobernador se debiera hacer cargo de la situación de empleo que hay en la provincia. Ha tenido San Luis una caída del 10% en los empleos en blanco, el más fuerte del país”, señaló Cacace.
El texto de la denuncia:
“Alejandro Cacace, Diputado de la Provincia de San Luis y Presidente del Bloque Cambiemos, titular del Documento Nacional de Identidad número 31.407.990, argentino, nacido en la Provincia de San Luis el 21 de marzo de 1985, domiciliado en San Martín 938, San Luis, en mi carácter de ciudadano, vengo a denunciar el proyecto de Ley presentado por el Gobernador de la Provincia de San Luis en la Honorable Cámara de Senadores, que tomó estado legislativo el día martes 1 de Noviembre de 2016, obrante en el Expediente N° 15-HCS-2016- N° TRAMIX: EXD 10240736/16, por contener en su articulado disposiciones de carácter xenófobo, discriminatorio y flagrantemente inconstitucional.
“Al analizar la iniciativa legislativa objeto de esta denuncia, se observa que su artículo 2° dispone que “toda persona humana y/o jurídica que al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, ostente la calidad de empleador, deberá inscribirse en el Registro de Empleo Puntano”, para ello otorga un plazo de 30 días desde la aprobación del proyecto. En el artículo 3°, se establece una excepción al deber de registro a los siguientes sujetos: “a) Estado Nacional, Provincial y Municipal, sus dependencias y reparticiones autárquicas y descentralizadas, salvo cuando realicen operaciones industriales, comerciales, bancarias o de servicios a título oneroso. b) Empleadores del personal de servicio doméstico”.
“Posteriormente, en su artículo 5°, establece “que todo empleador deberá abonar al Registro, una tasa mensual equivalente al diez por ciento (10%) de la remuneración bruta mensual, por cada empleado en relación de dependencia, conforme lo establezca la reglamentación respectiva”.
“Hasta allí parece que solo se impone una tasa en general para todos los empleadores privados. No obstante, si uno sigue en la lectura del texto del proyecto, en su artículo 6°, se exceptúa al empleador de pagar esta tasa en los
siguientes casos: “a) Personal nacido en la Provincia o que tenga como mínimo cinco (5) años de residencia en la misma. b) Personal con especialidades de comprobada escasez en la Provincia. c) Personal que se encontrare declarado al momento de entrada en vigencia de la presente Ley”.
“He aquí específicamente donde radica la inconstitucionalidad de este proyecto, que lamentablemente tiene posibilidades de convertirse en ley por la mayoría que ejerce el oficialismo en el poder legislativo provincial. Esto es gravísimo porque la política de la puntanidad del Gobernador está alcanzando tintes xenófobos, donde directamente se distingue y discrimina entre argentinos, que somos todos partes de una misma Nación.
“La iniciativa del Gobernador es discriminación, ya que la Constitución Nacional reconoce en su artículo 8 que el título de ciudadano es igual en todas las provincias “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás.” El derecho a trabajar y a ejercer industria lícita son derechos que son iguales para todos los argentinos y esto es contrario completamente a ese espíritu, flagrantemente inconstitucional. Asimismo, su artículo 20 dispone que “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias…”
“En este orden de ideas, el proyecto de Ley ingresado en el Senado Provincial, titulado “Creación del Registro de Empleo Puntano” que crea una tasa especial, un impuesto a los empleadores por cada empleado que sea nacido fuera de la provincia o tenga una residencia menor a 5 años en ella, es explícitamente inconstitucional, ya que genera una discriminación basada en el origen extraprovincial de los empleados, que son todos argentinos, iguales ante la Ley, a los ojos de la constitución.
“San Luis es un pago tranquilo y de buenos amigos. Buenos amigos significa que respetamos a nuestros vecinos, somos hospitalarios, buscamos el entendimiento con nuestros compatriotas. San Luis debe seguir simbolizando la tolerancia, la diversidad y el entendimiento. Debemos impulsar más que nunca la unión entre los argentinos y no tomar medidas que sean excluyentes, negativas y discriminatorias.
La misma Constitución Provincial, en su Artículo 4 dice “El gobierno y la sociedad sanluiseña basan su acción en la solidaridad, democracia social, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminaciones arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social de sus habitantes, y en los principios éticos tradicionales fieles a nuestro patrimonio cultural.”
“Más aún, el artículo 16 de nuestra Constitución Provincial lee que “todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexos, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones sociales, no existiendo fueros personales ni títulos de nobleza. Deben removerse los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la Provincia.”
“En base a lo antes mencionado, la Constitución Nacional y la Provincial sostienen plenamente la igualdad de todos los habitantes de nuestra provincia, sin distinción del lugar de origen de los mismos, lo que reafirma tal principio como un derecho fundamental que prima sobre toda otra disposición que lo soslaye.
“Por todo ello, y en mérito a las razones de hecho y las normas citadas es que solicito la intervención del INADI para detener estos atropellos contra la Constitución de sesgo xenófobo y discriminatorio,
instando al Gobierno de la Provincia de San Luis desista de impulsar esta iniciativa legislativa denominada ‘Creación del Registro de Empleo Puntano’.
