Como primera novedad, Lanusse se refirió a la respuesta brindada por el Colegio de Escribanos a uno de “los disparatados cuestionamientos que se hizo en la denuncia inicial”, la cual estima que será favorable para dar fin a esta “persecución en perjuicio del diputado nacional Poggi”. Cabe señalar que, en la denuncia, también está implicado el ex ministro de Hacienda Néstor Ordóñez y dos escribanos públicos de la provincia.
“Además agrede a una institución tan sensible para cualquier sociedad como es el Colegio de Escribanos, el cual ha sido injustamente puesto en duda”, dijo el abogado, definiendo a esta denuncia como “parte de una campaña de persecución política en contra del diputado Poggi y que tiene una clara finalidad de proscripción”. De igual manera, Lanusse señaló que el Juzgado “ha mostrado un criterio de mucha prudencia y responsabilidad institucional”.
El abogado también señaló que “el Gobierno se ha limitado, a través de la Fiscalía de Estado, a solo hacer la denuncia” y que se demoró más de un mes en ratificarla. “Durante ese tiempo ha intentando denostar y desacreditar la figura del diputado Poggi”, dijo Lanusse.
“Hemos presentado un pedido de pruebas al juez para que se requiera más de 15 escrituras de las anteriores administraciones de los hermanos Rodríguez Saá que van a demostrar que lo que quieren imputarle al ex gobernador Poggi como delito no es más que una práctica absolutamente lícita, regular y conforme a derecho”, destacó el abogado, señalando además que el mismo ex gobernador se ha presentado por iniciativa propia ante la Justicia para colaborar con la investigación.
Otro punto que señaló el letrado es que la Escribanía del Estado si participó en las licitaciones de La Toma y Justo Daract, supervisando la apertura de sobres y la toma de posesión de los terrenos.
“Lo más significativo del caso es que también se lo pretenden denunciar por un inexistente delito de fraude en perjuicio de la provincia y lo llamativo del caso es que se acaba de incorporar a la causa la respuesta que brindó el tesorero de la provincia, el contador Eloy Horcajo, que reconoció que los terrenos de Justo Daract fue pagada el 15 de enero del año 2016 por más de 2 millones de pesos. Es decir que la propia administración Rodríguez Saá fue la que eventualmente pagó lo que dice que no se debería haber pagado. Lleva a la clara conclusión de que estamos frente a un absurdo”, comentó Lanusse. “Si el fraude existió, lo consumó el actual gobernador Rodríguez Saá”, añadió.
“El Colegio de Escribanos seguramente va a informar, como ya lo hemos sostenido, que cualquier escribano particular de la provincia puede intervenir en cualquier acto donde deba dar fe, aún cuando la provincia se contraparte”, agregó el abogado de Poggi.
En cuanto a una posible denuncia en contra del Gobierno o de quien radicó la denuncia en contra de Poggi, el abogado Hugo Scarso, Lanusse comentó que él solo tiene directivas de defender al ex gobernador. “Se percibe hasta cierta vergüenza en el texto de la denuncia”, dijo sobre la participación de Scarso en esta denuncia.
Otra irregularidad que subrayó Lanusse es la causa paralela que le iniciaron a Poggi desde el Gobierno, por el mismo tema, no incluye el delito de fraude. Al respecto, Poggi ha solicitado la unificación de ambas causas, lo que actualmente se está debatiendo en la Justicia puntana, ya que los diferentes jueces no comparten en qué juzgado deben tramitar.
“Si la intención ha sido perjudicar la imagen realmente les ha salido el tiro por la culata. A partir de la irrupción de las redes sociales, los autoritarios están cayendo uno a uno en el mundo, porque ya no pueden dominar más a los medios a través de la pauta, de la distorsión o la creación de un relato. La mejor sanción que va a recibir el Gobierno
provincial va a ser el año que viene en las elecciones de la provincia, donde se va a elegir senador nacional”, concluyó Lanusse, no sin antes agregar que se va a hacer un planteo ante el presidente de la Nación, Mauricio Macri, de acá en San Luis “se están asfixiando las libertades públicas”.
