Luego, pasadas las 23 horas, se reanudó la sesión de la Cámara de Senadores que había entrado en cuarto intermedio el pasado martes 29. Así fue como, sin analizarlo en comisión ni darle despacho alguno, el Senado le dio al REP, por unanimidad, la media sanción que le faltaba, convirtiéndolo en ley.
Como la Cámara de Senadores es en su totalidad oficialista, el principal debate de este controversial proyecto se dio en la de Diputados, donde se trató desde las 16 horas hasta las 20, aproximadamente, con más de 18 oradores.
El debate comenzó con el diputado oficialista Luis Martínez, quien fue el que tuvo la misión de justificar este proyecto que muchos han tildado de anticonstitucional. Así fue como Martínez hizo “un último esfuercito” para tratar que la oposición “entienda” el proyecto. Lo primero a lo que se refirió es al llamado “índice de reemplazo”, el cual en la provincia de San Luis es del 320%. “Eso significa que por cada persona que se va de la provincia o fallece vienen tres, pero como se compensan terminan siendo 2”, aclaró el diputado.
“Si uno cruza estos dos datos, los 280.000 aproximadamente de personas de población activa, si uno saca los que dependen del estado, estos 43.500, nos da que 236.000 personas van a depender naturalmente del sector privado. Nuestras escuelas secundarias generan 4 mil egresados por año. Imaginando que solo la mitad se dedicara a estudiar, habría 2 mil por año, puntanos egresados de nuestras escuelas, con la ilusión de encontrar un trabajo. En la economía actual, ¿cómo hacemos para resolver que el sector privado, o entre el sector público y privado, genere por año 2 mil puestos de trabajo, pero también hay que considerar esta tasa de renovación de 1 por 3 los que también vienen de afuera. Esto iba generando un marco donde necesitábamos tomar decisiones para protegernos transitoriamente de esta difícil situación económica”, fue la explicación oficialista que ofreció Martínez.
A su vez, el diputado fue uno de los tantos peronistas que criticó duramente las políticas del Gobierno Nacional, refiriéndose a hecho como el cierre de Herzo, fábrica de Concarán que producía productos para Puma y que ha tenido que cerrar sus puertas; Rheem, que ya ha realizado varios despidos, y Coradir, que peligra enormemente ante la inminente apertura de las exportaciones. “Yo entiendo la hipótesis de que tenemos derecho a consumir más barato, pero si eso significa perder puestos de trabajo, yo la verdad que prefiero pagar un poco más y defender puestos de trabajo”, dijo Martínez al respecto.
Otra razón que dio el diputado fue la no confianza en organismos como el Indec a la hora de medir los niveles de ocupación y desocupación de la provincia, sumado al hecho de la AFIP y ANSES no les comparten sus bases de datos. “En ese escenario se acordó tomar decisiones, pero partir de datos reales y los datos reales necesitaban, obviamente, un registro. Así nace ni más ni menos la idea de un registro”, relató Martínez.
“Si un empresario decide ignorar que en San Luis hay gente que necesita trabajo, viene, se instala, le damos todo y prefiere traer gente de afuera, lo que le estamos pidiendo a ese empresario es que contribuya con los servicios básicos. Que más quisiéramos que seguir diciendo que somos ese pueblo enorme que recibe a un montón de gente, pero hoy tenemos que tomar una decisión. Nuestra población crece, nuestros hijos crecen y buscan empleo. Y tenemos que defender a los que estamos y que somos parte en este momento de la sociedad puntana. Estamos poniendo la cara por todos ustedes”, concluyó el principal orador del oficialismo provincial.
Por el lado de la oposición, fue Alejandro Cacace, presidente del bloque Cambiemos, el primero en hablar, inmediatamente comparando a Alberto Rodríguez Saá con figuras como Donald Trump y Adolf Hitler. “Las propuestas de Rodríguez Saá responden a un principio básico pero perverso de la política, que es en lugar de hacerse
cargo de los problemas que tenemos, buscar echarle la culpa a alguien que identificamos como un enemigo”, disparó el legislador.
“Nuestra constitución, desde su preámbulo, dice que todo lo que se establece en ella es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Si otorgamos todos esos derechos a los extranjeros, con mayor razón se otorgan en el país los derechos a los propios nacionales, a los argentinos. Es explícita nuestra constitución en decir en su artículo 8vo que los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades. Además, en un impuesto no puede haber diferencias de ese orden, porque los impuestos son de orden general. El propio artículo 16 de la Constitución, que es específico sobre el tema de la igualdad, dice la igualdad es la base del impuesto”, dijo el opositor, dando los fundamentos de porqué cree que el proyecto, ahora ley, es anticonstitucional. “No fomenta el empleo sino que tan solo busca penalizarlo”, agregó antes de concluir.
Y después llegó el turno de la figura más cuestionada del año en la Cámara de Diputados, Daniel González Espíndola, presidente del bloque Frente para la Victoria, el cual, durante todo 2016, ha sido íntegramente funcional al oficialismo provincial.
“Este registro también es un mecanismo directo para terminar con el trabajo no registrado. Ante una política nacional que indefectiblemente se dirige a destruir la industria nacional, a las provincias no le quedan oportunidades para contrarrestar directamente y salvar a las industrias ante estas políticas. Es el momento en que las provincias tienen que llevar adelante políticas, para generar el efecto multiplicador de la economía y generar trabajo local, tiene que ser con la inversión del Estado y en este sentido la obra pública es esencial”, dijo González Espíndola, quien con el correr del tiempo pasó de acompañar al oficialismo calladamente y solo con su voto a ser uno de sus principales oradores.
“Acompañamos desde el Frente para la Victoria con toda la convicción de que este proyecto protege a la gente de San Luis”, continuó el diputado, quien obviamente no perdió la oportunidad para disparar a Cambiemos. “¿Serán que están preocupados por el empleador que va a tener que pagar el 10% y no por los trabajadores que queremos proteger en esta ley? Quédense tranquilos por los empleadores. Las empresas se manejan en una relación de costo/beneficio y no van a pagar un peso de más porque van a contratar mano de obra local”.
Luego vino Pablo Zamora, presidente del bloque Mercedinos por el Cambio, el cual también se mostró en contra del proyecto, pero no por las mismas razones que Cambiemos. “El Gobernador está errado en el camino porque, lejos de tender a la formalidad, creo que este proyecto va a tender a la informalidad del empleo. Cuando se incrementan los costos a los empleadores, mayor es el número de empleos formales que crece. Bajo este concepto, el empleador va a tomar gente de afuera y, argumentando que tiene que pagar un 10% más, va a negociar directamente un salario que se lo va a pagar en negro y escapa a la formalidad del empleo”, sostuvo el diputado, cuya postura fue compartida también por Sergio Guardia, de Avanzar, y el comunista Juan Larrea, quien, como siempre, no pudo evitar irse por las ramas y terminó dando una extensísima clase sobre todos los males del capitalismo.
Y después llegó el turno de Raul Laborda Ibarra, presidente del bloque unipersonal Nuestro Compromiso, quien basó parte de su comiquísima oratoria en la “hipocresía de la puntanidad”, enumerando a todos los legisladores y ministros del oficialismo que son nacidos en otra provincia, como los diputados nacionales Luis Lusquiños y Berta Arenas, los ministros Felipe Tomasevich, Alicia Bañuelos y Marcelo Riera, e inclusive el mismo, que nació en Buenos Aires.
Además, Laborda recordó las candidaturas de Adolfo a gobernador de la provincia de Buenos Aires y la de Alberto a senador de esa misma provincia, señalando
además como el Gobierno habla de la puntanidad mientras se dedica a hacer réplicas de edificios históricos de otras provincias. “¿Es xenófobo el gobernador? No, se está haciendo el artista. Es un capricho”, opinó Laborda.
Por su parte, Juan Manuel Rigau, de Cambiemos, se refirió en particular a un artículo del proyecto el cual, además de excluir del pago de esta tasa a los estados municipales, provincial y nacional, exceptúa a los empleadores de personal de servicio doméstico. “Si hay algo xenófobo, si hay algo discriminativo en esta ley, es este artículo. Parecería que el servicio doméstico tiene que ser de otra provincia”, sostuvo Rigau, quien por el otro lado destacó la solidaridad que históricamente tuvo la provincia de San Luis. “El pueblo de San Luis se forjó en estas actitudes, en dar la vida por sus compatriotas, en aportar permanentemente todo lo que fuese posible para una patria independiente”, señaló el legislador.
De igual manera, y por más que se debatiera, las cartas ya estaban echadas y Compromiso Federal, gracias al infaltable apoyo del FpV, logró la aprobación del REP por 23 votos contra 15 negativos. Notables fueron las ausencias a la hora de votar de la diputada Sonia Delarco, quien ya se había manifestado en contra de este proyecto, y de los diputados del PRO que integran Cambiemos, Walter Oio y Bartolomé Abdala, quien supo pertenecer por años y años al oficialismo provincial y, cada tanto, vota en contra de sus compañeros de bloque.
Ya con media sanción de Diputados, que continuó sesionando por dos horas más, concluyendo alrededor de las 22.30; el REP pasó al Senado, donde fácilmente consiguió la media sanción restante para convertirse en ley. Ahora solo resta la promulgación por parte del Gobierno provincial.
