“Quienes gozan de esos beneficios son aquellos que tienen los grados más altos, tanto en el nivel militar como el policial. Esta situación nos tiene mal, nos tiene preocupados. Una lectura que uno puede hacer es que hay un cambio en la política de los derechos humanos a partir de la asunción de este nuevo gobierno. Se escuchan voces que dicen ‘ya es tiempo de que pensemos en perdonar y en olvidar’, mientras que la política anterior era la búsqueda de la memoria, de la verdad y de la justicia”, contó Esther Picco, vicepresidenta de la APDH, trazando paralelos con lo ocurrido en la Argentina en los años 90.
“Y lo más grave es que a esas prisiones domiciliarias no las controla nadie. Nosotros tenemos información de que en realidad no están en la casa, andan en la calle. Es más, no voy a decir nombres, pero aquí en San Luis tenemos víctimas que se han cruzado con quienes cometieron el delito. Esto genera una situación de mucha inseguridad”, continuó Picco.
A su vez, la vicepresidenta de APDH recordó que está pendiente el cuarto, y quizás último, juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis, por lo que este tipo de situaciones, con condenados previos que andan libres por la calle, solo sirven para que las víctimas no se animen luego a prestar testimonio o aportar pruebas. A esto hay que sumarle que, desde hace más de un año, que no se logra constituir el tribunal necesario para el juicio, ya que dos jueces han sido recusados.
“La idea que nosotros tenemos es que encontrando la verdad y castigando justamente a los responsables de estos hechos atroces es que vamos a lograr una base sólida en relación al pasado que nos permita construir un futuro donde este tipo de acciones no se repitan”, concluyó Picco.
