Durante su detención sufrieron distintos tipos de violencia institucional.
La semana pasada, dos jóvenes mujeres, miembros de la radio comunitaria La Bulla, aseguraron haber sufrido apremios ilegales en la Comisaría Primera luego de que le preguntaron a un efectivo policial por qué golpeaba a un joven durante un operativo de requisa en la calle.
Todo ocurrió el domingo 4 de diciembre, en cercanías al banco Santander Río. Allí, cuatro policías habían detenido a un joven, el cual era golpeado en la cabeza por uno de los efectivos. “Nos cruzamos de vereda con Luciana y le consultamos por qué le estaban pegando al joven. Entonces nos dicen, ‘no interfiera en el operativo policial, aléjense’. Entonces nos cruzamos a la vereda del frente, bien la lado de los cajeros del banco, observando. Entonces los efectivos se nos acercan y nos dicen que seguíamos interfiriendo en el operativo”, contó Noelia Aguilar.
Tras unos minutos más de discusión, donde les pedían que “despejen el perímetro”, y ante la negativa de las mujeres, los policías les pidieron sus DNI y las demoraron, trasladándolas a la Comisaría Primera. Ya desde el traslado en el vehículo, contó Noelia, comenzaron los apremios. “Empezó a ir a toda velocidad, frenaban de golpe, se miraban, reían. Les decíamos si podían parar porque no teníamos cinturón de seguridad y nos golpeábamos en la cabeza”, contó Noelia. “Lo que observábamos era que no nos estaban garantizando ningún derecho, no nos decían nada. No era temor, era incertidumbre ante lo que estaba pasando”, agregó.
Por su parte, Luciana Navarro contó que sufrieron persecución ideológica, con los efectivos preguntándoles si eran periodistas, si estaban en la universidad, si pertenecían a alguna organización de izquierda e iban a marchas y a qué se dedicaban sus familiares. “Nos preguntaban en un ámbito informal, cuando eso no se debe hacer”, recalcó Luciana, quien también contó que no les permitían realizar la llamada telefónica a la que tenían derecho.
Finalmente, un efectivo les prestó su celular personal y se comunicaron con un ex colega de radio La Bulla y miembro de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), quien contacto abogados y a otros miembros de la comunidad, logrando liberar a las jóvenes, quienes terminaron pasando casi 12 horas demoradas. Sin embargo, las irregularidades de todo el procedimiento no terminaron ahí.
Al salir de la Comisaría, cuando les devuelven sus pertenencias, la hoja de un cuaderno en la que habían anotado el nombre de los oficiales que las detuvieron y las patentes de los móviles que se usaron en el operativo había sido arrancada. “Les decimos, ‘acá nos faltan hojas’, y nos responden, ‘¿estaban numeradas?’ Así que esa hoja no la tenemos. Y de la tarjeta micro SD del teléfono de Noelia le eliminaron todos los datos”, agregó Luciana.
“Nos manifestamos en contra de todas estas formas de violencia y alertamos a la comunidad sobre el proceder policial, que criminaliza la protesta social, judicializando a quienes defienden los derechos ciudadanos y persiguiendo ideológicamente a quienes asumen el compromiso social y político de intervenir ante claras situaciones de injusticia, aún a riesgo de su propia integridad física y emocional”, reza parte del comunicado de radio La Bulla sobre lo ocurrido a estas dos jóvenes.
