Con intereses, la cifra solicitada asciende a 11.000 millones, mientras que la Nación ofrece 9.000. El pasado miércoles, el gobernador Alberto Rodríguez Saá participó de un encuentro institucional con funcionarios del Gobierno nacional para debatir los pagos ordenados a la Nación por la Suprema Corte de Justicia hacia la provincia de San Luis.

Especificamente, el primer mandatario puntano estuvo acompañado por la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur; el fiscal de Estado, Eduardo Allende; y el diputado nacional, Luis Lusquiños. Por el lado de la Nación, estuvo presente el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“Esta primera reunión institucional se avanzó en algunos puntos, como por ejemplo, empezar a discutir el monto y la metodología para definir el total de la deuda y el modo de pago. Hemos hecho un cuarto intermedio hasta la semana entrante, ya para fijar el monto de la deuda. A partir de allí, vamos a empezar a discutir la metodología de pago, que va a ser en función de una propuesta que haga el Ministerio de Hacienda de la Nación a la Provincia”, comentó Lusquiños a la prensa, al finalizar la reunión.

“La Provincia se encuentra bien, estamos defendiendo los intereses y derechos de San Luis para cobrar este dinero, que por más de 10 años la Nación le sustrajo a la Provincia de forma injusta”, comentó el legislador, quien explicó que la Provincia exige el pago de $11.000 millones, mientras que la Nación contrapropone la entrega de $9.000 millones.

Estos 11.000 millones de pesos suponen unos intereses del 83% con respecto al monto de 6.000 millones que se dio a conocer apenas se comunicó el fallo, a fines de 2015. Por su parte, la oferta del Gobierno Nacional supone unos intereses del 50%.

Cabe recordar además que los primeros reclamos de la gestión de Alberto Rodríguez Saá fueron de 13.000 millones, lo que suponía unos intereses del 116%. A ese monto, el Gobierno provincial obtuvo un rotundo no, por lo que tuvo que reajustar la cifra a 11.000 millones.

“Hay que ponerle un punto final, ya que hay un fallo de la Suprema Corte que está firme y la Nación tiene que cumplir”, enfatizó Lusquiños, quien también expresó que “además de la sentencia firme de la Corte, el presupuesto sancionado de este año 2017 tiene un artículo específico que indica que la Nación tiene que fijar un monto y pagarle a las provincias de San Luis y de Santa Fe”.