“La ley indica que ese no es el procedimiento que corresponde”, dijo el secretario de Logística del Ministerio de Defensa de la Nación.
Esta mañana, el secretario de Estado de Logística y Coordinación de Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación, Walter Ceballos, dio una conferencia de prensa en la que instó al municipio capitalino a no llevar adelante la expropiación del predio conocido como granja La Amalia, el cual, hasta la semana pasada, pertenecía al Ejército Argentino.
“Eso pone una circunstancia inconveniente a la búsqueda de soluciones de políticas públicas que podamos tener entre el Gobierno Nacional y el gobierno del municipio de la ciudad capital de nuestra provincia”, dijo Ceballos, quien ayer envió una carta mediante la cual le solicitó que vete la ordenanza o que en su defecto “inste la derogación de la misma ante el Concejo Deliberante”.
Tras recordar que la Municipalidad ha hecho múltiples gestiones para tomar posesión de este predio y destinarlo a parques y viviendas, algo con lo que el Gobierno Nacional “en general coincide”, Ceballos señaló que estos terrenos “forman parte de la planificación de la defensa argentina” y que están ubicados “en un área que tiene que ver con la custodia de la defensa”.
Ceballos también aseguró que el Gobierno Nacional tiene la vocación de encontrar la coincidencia para que en esos terrenos puedan implementarse planes de viviendas nacionales y que, “si no se rectifica el rumbo”, el asunto tomará vías judiciales, como ocurrió con el Corredor Vial. “Más tarde o temprano, la ley indica la retrocesión de los dominios, la ley indica que ese no es el procedimiento que corresponde”, advirtió el ex diputado.
En cuanto a si los terrenos estaban desafectados o no, dijo que solo 24 hectáreas se encontraban en esa condición, ya que habían sido cedidas “de manera precaria, para la realización de prácticas deportivas sin construcciones”.
Al respecto, Ceballos explicó que el “procedimiento de ley” consiste, primero, en una desafectación de quien le da la utilidad, seguido de un decreto de la Presidencia de la Nación y un procedimiento administrativo llevado adelante por la AABE (Agencia de Administración de los Bienes del Estado). Este proceso estaba “medianamente en marcha”, subrayó el funcionario, razón por la cual el Gobierno Nacional está más que sorprendido por la expropiación.
Por otro lado, el secretario nacional remarcó que ninguno de los bienes que abarca la ordenanza de expropiación está incluido en el decreto nacional que estipula la venta de distintos terrenos del Estado a lo largo y ancho del país. Otro punto que remarcó fue que, en el caso de Jujuy, donde la provincia le expropió a la Nación, “fue un camino concertado”.
“Lo que no se puede hacer es tener una petición primero de 24 hectáreas, después presentar una ampliación a 40 y, de buenas a primeras, pretender expropiar las 284. Este último hecho retrotrae la situación a una controversia que no teníamos. Lo que queremos es encontrar diálogo en el marco de la ley”, continuó Ceballos, solicitándole nuevamente al intendente Enrique Ponce que no siga adelante con la medida, y remarcando que está la voluntad del Estado en llegar a un acuerdo, aunque no cree que sea posible la cesión de la totalidad de las tierras expropiadas, ya que también otras áreas del Gobierno Nacional tienen planeado llevar adelantes diferentes obras allí, como viviendas para militares o la reactivación del ferrocarril.
