Además, convocaron a una manifestación para hoy a la tarde en plaza Pringles.

El día de ayer, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Luis, el Partido Justicialista, la Municipalidad de San Luis y el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) fueron algunas de las tantas agrupaciones que repudiaron el fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.

En conferencia de prensa, desde la APDH no dudaron un segundo en incluir a este fallo en el marco de “los hechos aberrantes que están sucediendo en este periodo del gobierno de Macri”. “Van sacando medidas, de a una, de a ratos, pero van avanzando contra todo lo que habíamos avanzado en el tema del juicio y castigo y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos en la dictadura”, comentó Lilian Videla, destacando además el rol de la iglesia Católica, que “intentó hacer un llamado de reconciliación entre víctimas y victimarios”.

Durante la conferencia de prensa, Videla además invitó a una manifestación en contra del fallo, a realizarse hoy a las 17.30, en el Monolito de la Memoria ubicado en plaza Pringles. “40 años nos ha llevado toda esta lucha. Si las madres salieron durante la dictadura y resistieron a los militares, ¿cómo no vamos a seguir ahora? Estamos seguros además de que el pueblo nos va a acompañar porque creo que a esta altura el pueblo ya ha tomado conciencia de lo que fueron los crímenes de la época”, subrayó Videla.

A su vez, los abogados de la APDH, Carlos Pereyra y Norberto Foresti, señalaron que la ley del 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad, ya que se trata de una ley “que tiene carácter procesal y que fue hecha circunstancialmente por la gran cantidad de detenidos que había en esa época en Argentina con prisión preventiva y sin condena”. Si dudarlo, los letrados calificaron el fallo de la Corte Suprema, basándose en una ley derogada, como “un fallo político”.

A este fallo de la Corte Suprema hay que sumarle el hecho de que, como informó La Gaceta en diciembre pasado, 21 de los 29 condenados en San Luis gozan de algún beneficio, como salidas transitorias o una prisión domiciliaria con escasos controles.

Por el lado del PTS, la dirigente Johana Gómez destacó en particular que “Rosenkrantz y Rosatti fueron designados gracias a los votos de la bancada mayoritaria del Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, entre ellos, los senadores nacionales de San Luis, Daniel Pérsico, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, junto a Cambiemos y hasta el GEN de Stolbizer, mientras que Highton de Nolasco fue impulsada por el propio kirchnerismo”.

“No debemos olvidar que para las elecciones de octubre, todo el peronismo se va a unir en listas comunes con quienes no sólo votaron a estos jueces, sino también todas las leyes de ajuste y entrega que impulsó el macrismo. Por eso, si bien estamos por la más amplia unidad contra el nefasto fallo de impunidad para los genocidas, vamos a marchar de manera independiente con nuestras propias banderas”, dijo Gómez.

A su vez, el Partido Justicialista de San Luis consideró que “que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta a todas luces repudiable, porque en los hechos consagra la impunidad sobre la justicia, frente a lo cual las instituciones de la democracia están llamadas a continuar enarbolando las banderas de memoria, verdad y justicia, en resguardo de la vigencia irrestricta de los derechos humanos”.

En
cuanto al Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, que fue el primer en manifestarse, remarcaron “que al permitir que se aplique la ley del dos por uno, ley derogada en 2001 y que se dictó para resolver una coyuntura en 1994, equipara un delito de lesa humanidad con un delito común”.

“El fallo exige que nos pongamos en alerta ya que refleja solapadamente una amnistía encubierta cuya génesis viene vislumbrándose con varios otros fallos precedentes que ha dictado la Corte con la nueva integración, entre ellos el que desconoce la autoridad de las decisiones de la Convención Americana de Derechos Humanos, como fue el fallo Fonteveccia”, continúa el comunicado del observatorio, el cual pide un “inmediato pronunciamiento de los legisladores nacionales que representan a San Luis en el Congreso Nacional, como son Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre de Alonso, Daniel Pérsico, Berta Arenas, Ivana Bianchi, Luis Lusquiños, Claudio Poggi y José Riccardo”

“Esta determinación nos ofende porque los crímenes de lesa humanidad son una ofensa para la sociedad y este fallo nos ofende doblemente”, dijo Francisco Ledesma, hermano de Pedro Valentín Ledesma, quien fue desaparecido durante la dictadura militar. “Creemos que hay que estar alerta porque esto es muy peligroso para las conquistas obtenidas con tanto esfuerzo durante 40 años por los organismos de derechos humanos. Hay que recordar que después de 30 años pudimos llevar a juicio a los genocidas y hoy graciosamente la Corte aplica esta ley de dos por uno aplicable a delitos comunes, pero no para lesa humanidad”, agregó.