Según contó Laura Peña, todo comenzó cuando el Gobernador anunció el pase a contrato de toda la gente que estaba como práctica laboral rentada, ya que ellos se habían convertido en los empleados gubernamentales que menos cobraban. En el CCC, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, este proceso se puso en marcha durante la última campaña política, pero hubo 7 personas que nunca fueron pasadas a contrato.
“En el trabajo nunca nos anunciaron nada, yo me enteré afuera del trabajo porque estaba haciendo campaña. Entonces empezaron a llamar a grupos de personas, no muy grandes, y les fueron haciendo firmar los contratos. Pero fue todo muy silencioso, como que no dejaban que les dijeran a sus compañeros que habían firmado los contratos ni nada. Y así fueron pasando los días y resulta que después de las elecciones, quedaba un grupo que no había firmado contrato. Éramos 12 o 13, porque había unas personas que estaban con ART y no estaban trabajando”, relató Peña.
Consultada sobre los motivos por los cuáles no la pasaron inicialmente a contrato, Laura opinó que no tuvo nada que ver con el haber trabajado, o no, en la campaña política de este año. “A nuestro jefe no le gusta la política. Es más, nos prohibía hablar de política en el trabajo. Ahí las preferencias vienen por las que le llevan y traen información, porque le encanta el chusmerío a nuestro jefe. Entonces a esas les dan privilegios. O las que son más bonitas o jovencitas, o las que tienen algún pariente trabajando ahí”, opinó la mujer.
“Nadie te respondía nada. Ibas a preguntarle a los supervisores y te decían, ‘no, no sabemos nada’. Ibas a preguntarle al jefe y te decía, ‘no tengo que dar explicaciones’. Nos cerraban las puertas en todos lados. Entonces tuvimos la idea de acudir al senador Rodríguez Saá para que viera qué había pasado con nuestros contratos. Y se ve que este accionar le molestó a la ministra Alicia Bañuelos y la intervención que hizo el senador con ella no tuvo buena respuesta. Primero que nada separó los grupos, porque de los 12 que habíamos presentado la nota reclamando por el contrato, a cinco los dejaron trabajando, sin promesas de un contrato, y a los otros 7 nos dieron de baja. Agarraron y nos citaron y nos dijeron que no cumplíamos con el perfil laboral que ellos estaban buscando para su equipo de trabajo y que no nos iban a renovar la práctica laboral y que tampoco nos iban a contratar. Y que íbamos a seguir cobrando hasta el 31 de diciembre, pero que no nos teníamos que presentar más a trabajar. Esa fue la respuesta que nos dieron a nuestro reclamo”, dijo Laura, continuando con su relato.
A raíz de todo esto, Laura y las seis personas que fueron despedidas junto a ella han recurrido nuevamente al senador Adolfo Rodríguez Saá, además de ir todos los días a la sede del Partido Justicialista para conseguir alguien que los ayude. “El senador nos pidió que escribiéramos una carta donde pedíamos la intervención de él con el Gobernador para solucionarnos el problema. Hoy día (por el viernes) hicimos la nota, la firmamos, la dejamos y el lunes tenemos que volver a ir al PJ a ver si empiezan a mover algo. Vamos a tener que estar plantados ahí y no dejar pasar muchos días porque se van a ir todos y no nos van a dar respuesta. Ya hemos decidido que si no nos dan una respuesta favorable nos vamos a quedar ahí”, concluyó Laura.
