Según informó Rachid, a lo que esta supuesta asociación ilícita se dedicaba era a la venta de IVA. “Es decir, una organización que contempla la creación de contribuyentes ficticios, apócrifos, ya sean personas físicas o jurídicas; que se dedicaban a inscribirse, declarando una actividad falsa en la AFIP, para de esa forma simular que se llevaba a cabo una actividad comercial, emitir facturas apócrifas para que esas facturas sean usadas por terceras personas, que tengan actividad real o no, y así simular gastos para después descontar de sus propios impuestos”, explicó el fiscal.
Rachid también comentó que la causa comenzó a fines de 2017, a través de una denuncia que hace la propia AFIP, “a partir de información que extraen de su propia base de datos”. “A partir de allí, detectan que hay un grupo de personas, en principio insolventes, que no tienen una estructura real que se condiga con lo que han declarado en la AFIP y que están facturando millones y millones de pesos”, contó Rachid, remarcando que se detectó que estas facturas se han diseminado a lo largo y ancho del país.
En base a todo esto, se realizó un allanamiento donde se secuestraron múltiples elementos, especialmente informáticos, pero Rachid considera que todavía no tiene los elementos suficientes como para indagar a ninguno de los sospechosos. A su vez, cuando el juez Federal le corrió traslado, Rachid tuvo que dictar la excarcelación de los dos detenidos, aunque siguen procesados.
“Necesito las pruebas que están pendientes de recabar para establecer en definitiva si han participado esas personas y otras más en los delitos que se han denunciado por AFIP y con qué alcance. En definitiva, lo que tengo que probar es una organización estable de personas que tenía una estructura tal que permitía fabricar contribuyentes apócrifos, colocar esas facturas y de esa forma permitir la evasión de impuestos”, continuó el fiscal, quien descartó que en lo inmediato pueda haber más detenciones.
Otro punto que explicó Rachid es que este delito tiene una pena de 6 meses de prisión a 10 años para quien integre esta asociación ilícita, y de 5 a 10 años de prisión para las personas que la lideren.
El paso siguiente de la causa es una inspección, que es responsabilidad de la AFIP, de todo lo recabado en los allanamientos, ya que será el organismo nacional el encargado de probar cuánto dinero se evadió. Por el momento, se calcula que fue alrededor de $700 millones de pesos. Por su parte, el fiscal deberá probar si, en efecto, existía esta asociación ilícita que tenía toda una estructura dedicada a cometer estos crímenes.
