Este planteo nació en 2016 y se trata de una demanda autónoma de inconstitucionalidad en contra de tres acuerdos del Superior Tribunal que establecen un llamado a concurso, para cargos de secretarios de juzgados de 1ª instancia, que otorga un puntaje superior a los abogados que son empleados judiciales sobre los que efectivamente ejercen la profesión.
El punto 6 de estos tres acuerdos que establecían el llamado a concurso determinaba los polémicos puntajes a entregar. “Se adjudicará 0,5 puntos por cada año efectivamente desempeñado en posiciones similares; 1 puntos por cada año desempeñado en algún Poder Judicial; 2 puntos por cada año desempeñado en el Poder Judicial de la Provincia de San Luis”, rezaba el ítem 1 del punto 6.
Por lo tanto, un empleado con más de cinco años de trabajo en el Poder Judicial Provincial le saca varios puntos de ventaja a un abogado que hizo un doctorado o una maestría, ya que se otorgan tres y cuatro puntos, respectivamente.
“Después, con posterioridad a eso, se sacó una resolución de recursos humanos donde decía que no se exigía tener la matrícula de abogado, lo cual evidentemente atenta contra la Ley de Matrícula y anula el Colegio de Abogados, ya que a los abogados en ejercicio de la profesión se les exige estar matriculados”, explicó Valentino.
En base a estas dos razones, el Colegio hizo un planteo de inconstitucionalidad del llamado a concurso y también de la resolución que realizaba la modificación referida a la matrícula. Obviamente, la Justicia local rechazó esta demanda, por lo que se decidió plantear un recurso extraordinario federal (REF) para poder acudir ante la Corte Suprema.
Sin embargo, los REF deben ser autorizados por el Superior Tribunal de Justicia local, que es la misma institución que estaba siendo demanda en primer lugar. De más esta decir que el STJ rechazó el REF, por lo que el Colegio de Abogados tuvo que recurrir “en queja” a la Corte Suprema para que este recurso sea aceptado.
“El recurso que nosotros planteamos tenía los requisitos todo bien, no tenía nada mal. Lo único que hicieron fue denegarlo de forma arbitraria. Por eso concurrimos a la Corte Suprema en queja, para que la Corte ordene la apertura del REF”, comentó el presidente del Colegio de Abogados. “Una vez que la Corte ordene que se haga la apertura del REF, el Superior Tribunal le tiene que remitir sus actuaciones a la Corte Suprema”, agregó Valentino.
Por el momento, el Colegio de Abogados se encuentra a la espera de lo que decida la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el concurso que originó este planteo se encuentra suspendido. “Se anotaron 400 aspirantes para cubrir lo cargos de secretario, de los cuales había 80 abogados que eran empleados del Poder Judicial y 320 que eran de la matrícula independiente”, concluyó Valentino, recordando que ni siquiera se llegó a tomar el examen.
