El día de ayer, La Gaceta dialogó con Ramiro Amieva, uno de los principales afectados por las expropiaciones que el Gobierno Provincial decretó en la zona de los ríos Quinto y Conlara. En particular, Ramiro, a quien le quitan casi 55 de sus 63 hectáreas, destacó la desinformación que hay en torno a todo el proceso expropiatorio, ya que todavía nadie del Gobierno se ha contactado con él ni con otros afectados con los que él está en contacto.
En su caso, Ramiro y su familia se enteraron por un edicto que salió en El Diario de la República, 15 días después de que fuera publicado y a través de un amigo que les avisó. “Nos enteramos de rebote y nos shockeó bastante que nadie te venga a avisar. Eso nos asustó y no sabíamos qué estaba pasando. Esto pasó hace más de un mes y hasta el día de hoy ninguna autoridad se acercó a hablar con ninguno de los productores. Estoy en contacto con la mayoría de los afectados de la zona del río Quinto y a ninguno, oficialmente, se le ha dicho nada. Ni siquiera sabemos qué es lo que nos van a expropiar de nuestro campo”, contó el productor rural, quien ya ha pasado por Vialidad Provincial y Fiscalía de Estado sin conseguir ningún tipo de detalle sobre la expropiación.
Tras la muerte de su padre, Ramiro y sus hermanos compraron el campo que les van a expropiar hace seis años, y el año pasado lograron poner en marcha un microemprendimiento ovino. “Con lo que nos quieren expropiar vamos a tener que dejar la actividad, porque la verdad es que no nos queda nada, casi un 90% del campo nos expropian. Con mis hermanos no sabemos lo que vamos a hacer con lo que nos queda”, continuó Ramiro, quien con sus hermanos tenía el objetivo de que la producción ovina pasara a ser la principal fuente de ingreso de su familia.
“Mi papá lo señó al campo, pero él lamentablemente falleció al momento de la compra del campo. Entonces, los tres hermanos y mi mamá nos hicimos cargo de la deuda y lo terminamos de pagar vendiendo nuestra casa familiar. Es más, nos mudamos desde Mercedes y mi mamá y mis hermanos se vinieron a vivir acá a Fraga. El esfuerzo fue muy grande. Vender la casa propia por un sueño, porque la verdad que el sueño nuestro es tener ese lugar, y que ahora nos lo quieran sacar es muy frustrante”, dijo el joven productor agropecuario, rememorando lo que le costó a su familia adquirir esa tierra.
Amieva tampoco sabe por el momento cuánto es lo que el Gobierno le piensa pagar por sus tierras. En el decreto de las expropiaciones en la zona del río Quinto figura que se asignó una partida de $33.092.899,32, pero ninguno de los propietarios sabe cuánto le corresponde a cada uno. Obviamente, el monto va a ser menor a lo que actualmente se paga por la hectárea en la zona, lo cual puede llegar a unos 2 mil dólares por hectárea en la mayoría de los casos. “Depende de la inversión de cada campo, pero conozco casos en los que se han vendido mucho más caros los campos”, aclaró Ramiro.
En cuanto a las acciones que los productores rurales piensan tomar, por lo pronto están tratando de lograr una audiencia con el gobernador, Alberto Rodríguez Saá. Para ello ya se reunieron con la intendenta de Fraga, Antonella Gil, que los atendió muy bien y se comprometió a tratar de hacer realidad dicho encuentro, según relató Ramiro Amieva.
“Espero que mañana o pasado nos diga qué pasó con eso porque a todos los afectados nos urge porque nos han dicho que cerca de El Trapiche ya arrancó la obra, así que estamos un poco asustados. Lo primero que queremos hacer es el diálogo. Si no nos quieren recibir, veremos que medidas tomaremos, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, concluyó el joven productor rural.
