Como ya informó este medio, el Gobierno ha decretado una serie de expropiaciones en la zona del río Quinto, las cuales afectan a 41 propietarios. En la zona, el Gobierno quiere construir un camino hacia el río, compuesto por 15 tramos. Cada uno de estos tramos tendrá zonas de recreación/mirador con iluminación autosustentable, con una superficie estimada de 10.000 metros cuadrados. Las obras tienen como objetivo fomentar actividades como la pesca, actividades acuáticas, turismo aventura y el desarrollo del comercio, la hotelería y gastronomía.
Algunos de los propietarios afectados pierden literalmente cientos de hectáreas, mientras que otros pierden menos en número, pero más en porcentaje, como es el caso de Ramiro Amieva, a quien le quitan casi 55 de sus 63 hectáreas.
Los productores afectados se encuentran tratando de concretar una reunión con el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, para plantearles sus reclamos, los cuales se centran en la desinformación que hay respecto a lo que se quiere hacer y también con respecto a que, en total, se está expropiando una cantidad de hectáreas enorme, que sobraría para las obras que se quieren realizar.
En este contexto, el diputado Juan Manuel Rigau presentó un pedido de informe, centrándose en la zona del río Quinto. “Siendo que dicha situación es cuanto menos preocupante, ya que teniendo como base lo establecido en el decreto del Poder Ejecutivo Provincial, serian expropiadas casi en su totalidad cada uno de los inmuebles afectos, dejando obsoleto a los mismos. Lo cual trae aparejado que muchos de los propietarios perderán su fuente de trabajo”, escribió el legislador en los fundamentos de su proyecto.
Estas expropiaciones han sido realizadas por decreto, y no por ley. Si bien la ley local permite las expropiaciones por decreto, el pedido de informe menciona el artículo 144 de la Constitución Provincial, el cual establece que “corresponde a la Legislatura calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública y autorizar la ejecución de las obras exigidas por el interés de la provincia”.
Otro punto que destaca el legislador es que la Corte Suprema de la Nación ha tenido fallos como el de Celulosa Puerto Piray S.A. c/ Provincia de Misiones y Otro, de 1994, en el que ha fijado que “la expropiación debe responder, inexcusablemente, a una causa de utilidad pública calificada por ley”.
“En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció en el caso ‘Municipio de La Capital c/ Doña Isabel A. de Elortondo s/ Expropiación’ que el principio rector de la expropiación por causa de utilidad pública, tal como ha sido incorporada a la Constitución Nacional, se extiende sólo a autorizar la ocupación de aquella parte de la propiedad privada que sea indispensable a la ejecución de la obra o propósito público de que se trate, no pudiendo ir más allá de la misma, ni cumplirse en consecuencia, respecto de bienes que no sean necesarios a aquellos fines”, es otro de los fallos que menciona el legislador.
Por el momento, el proyecto se encuentra en la comisión de legislación, donde seguramente el oficialismo provincial de la Cámara de Diputados lo hará dormir el sueño de los justos, ya que son escasos los proyectos de pedido de informe que los legisladores oficialistas aprueban.
