El día de ayer, el abogado Guillermo Strazza, en representación de la asociación boliviana Urkupiña, presentó un pedido de informe solicitando saber si hay algún tipo de investigación o sumario realizado a personal municipal que habría discriminado a la gente de la asociación.
El problema tiene que ver con un predio de 122 lotes que la asociación posee en cercanías a los barrios Néstor Kirchner y Serranías Puntanas, adquirido en el año 2012. Allí se están construyendo las viviendas de familias de origen boliviano, como así también de argentinos. “En el año 2014 lograron de parte del arquitecto Picco la autorización de factibilidad de uso y pudieron sacar los planos previos”, contó Strazza, quien luego procedió a denunciar que los estudios de factibilidad para la provisión de distintos servicios al predio fueron perdidos tres veces por la Secretaría de Vivienda de Enrique Picco.
“Tuvieron miles de reuniones, ninguna documentada porque no les querían dejar constancia de nada de lo que hablaban. Cambiaron mil veces de ideas, de sugerencias, de propósitos. O sea, ininterrumpidamente demoraban y demoraban. Allá en el 14, cuando la arquitecta Ponce era la titular de la secretaría había dado la orden, el mismo secretario Picco les dio las instrucciones, el mismo intendente dijo ‘cierren esto y otórguenlo’. Pero los funcionarios de la Municipalidad no lo dan y entonces ellos sostienen que habría una discriminación en contra de la comunidad boliviana”, contó el abogado.
“Esto deja de tener vigencia y se mete Serba de pronto dentro de la propiedad privada, meten los caños y ahora los caños que están drenando agua potable que está arruinando parte del loteo”, dijo el letrado, señalando que la pérdida de agua llega e inclusive afecta a la autopista de las Serranías Puntanas y que Serba no tenía ningún tipo de autorización para entrar al predio.
Ante los reclamos, un funcionario de Serba asistió al lugar y, relató Strazza, dijo que van a expropiar el terreno, “total son bolivianos”. El abogado dijo que también se fue a mediación judicial, “pero no hay nadie que responda”.
Además del pedido de informe presentado en el Concejo Deliberante, el abogado adelantó que se va pedir un amparo judicial “para pedir que urgentemente se suspenda esto, por los daños que se están ocasionando; y denuncias ante el INADI porque hay una discriminación harto evidente contra la comunidad boliviana”.
