Durante la mañana de hoy, los fiscales Gloria André y Cristian Rachid dieron los alegatos finales de la querella en el juicio por las renuncias anticipadas de jueces. Tras una exposición de más de dos horas, la fiscal André pidió siete años de prisión para Sergio Freixes y Mario Zavala, quienes cuando se produjo el hecho se desempeñaban como ministro y viceministro de la Legalidad, respectivamente.
En gran parte de su larga alocución, André repasó las pruebas que ya se expusieron durante el juicio, para luego centrarse en explicar en qué consiste el delito de coacción agravada que se le imputa a Freixes y Zavala. “¿Cuándo tenemos el delito? Cuando la exigencia es ilegítima. El hecho de que yo te exija a vos llevar a cabo una conducta es ilegítimo si yo no estoy facultado para exigirte esa conducta”, dijo la fiscal, quien dio como un ejemplo de lo contrario el caso de un oficial de tránsito que le pide a alguien que corra su auto de una zona de prohibido estacionar. “Me está imponiendo su voluntad, pero él está facultado para imponérmelo. Pero obviamente acá no es esa la situación. Estamos hablando de una situación donde uno va, impone la voluntad sin estar facultado para ello. Ahí está la ilegitimidad”, agregó André.
En cuanto al delito de amenazas, la fiscal subrayó que se da cuando se impone un hacer determinado que la otra persona no tiene la obligación de soportar. “Si yo le digo, yo te voy a denunciar a menos que vos me entregues el dinero o tengas relaciones sexuales con tal. Si yo le impongo un hacer determinado que él no tiene la obligación de soportarlo, ahí se comete el delito de amenazas”, dijo André, remarcando que inclusive no importa si se está obligando a hacer algo ilícito o no.
“Puede que no sea ilícito el firmar una renuncia. El tema es cuando le dicen, ‘si vos no firmás la renuncia, yo te voy a hacer un mal’. Ese daño puede ser legítimo o no. Y acá tenemos de los dos tipos, porque en el caso de Ziliottó le dice, ‘si vos no firmás la renuncia, yo no te mando el pliego’. Estaba dentro de las facultades de la persona mandar o no mandar el pliego, eso no está discutido. Pero a su vez, se empieza a entremezclar con el anuncio de un daño que ya es ilegítimo, que es cuando la amenaza recae sobre la seguridad personal”, señaló la fiscal, quien leyó citas textuales de Zavala diciendo cosas como “ojo, que yo tengo mucho poder” y “ojo, que vos sabés quien fue el que descubrió a Gramaglia”.
Otro elemento al que se refirió André es a la adulteración del libro de registros del ex Ministerio de la Legalidad donde se asentaron las renuncias. “La pericia documentológica dice que efectivamente el libro ha sido adulterado. Pudo advertirse que cada una de las hojas que ostentan las escrituras manuscritas no muestran los signos o rastros del manipuleo habitual de un libro donde se ingresan diariamente expediente. Es decir, en las páginas no existe ningún tipo de doblez, quebrantamiento o suciedad, características estas propias del contacto constante del libro con las personas que asentaron sus grafismos en él. De lo expuesto, se desprende que las escrituras que obran en el libro no pudieron haber sido confeccionadas en el lapso de tiempo conforme surge de las fechas que obran en el libro, sino que fueron confeccionadas en un periodo corto de tiempo”, dice parte del informe que la fiscal leyó sobre el libro de registro.
André también señaló el hecho de que las renuncias de los jueces hacían referencia a un concurso público que estaba dirigido a miembros del Superior Tribunal y que, además, todavía no había sido anunciado públicamente. “El 16/3 se anuncian las renuncias de Alonso, Corvalán y Ziliotto. La renuncia de Alonso nunca apareció. La de Corvalán tiene la firma scanneada. La de Ziliotto es idéntica en su redacción a la de Lutens y a la de Oste. Las de Agúndez, Spagnuolo y Vallica todas hacen mención a la situación de las audiencias públicas. ‘La presento porque quiero someterme a un nuevo proceso y a este plan de reestructuración a las audiencias públicas’. Sin embargo, no se estaba hablando de audiencias públicas para los jueces en general, sino que se estaba hablando para los miembros del Superior Tribunal. De forma que de ninguna manera ellos pueden haber presentado en forma anticipada una renuncia que hiciera mención a esas circunstancias”, dijo la fiscal.
“El plan criminal existió y fue desarrollado por ambos”
Por su parte, el fiscal Cristian Rachid centró sus alegatos en los criterios que hay para adjudicar una coautoría de los hechos entre Freixes y Zavala. Uno de ellos es la nota que Freixes envió al Senado, que es el debe prestar acuerdo para la designación de jueces, con la nominación de Ziliotto. “Fue recibida en el Senado el 28 de octubre de 2004, es decir luego de llevada la coacción sobre Ziliotto. Esto demuestra claramente que el daño con el cual se obtuvo la renuncia anticipada estaba dentro de las específicas posibilidades de inferencia del ministro, quien solo dio curso al circuito administrativo de propuesta del candidato al Senado luego de haber obtenido, a través de Zavala, la renuncia anticipada de la víctima”, dijo Rachid, quien habló de un “acuerdo criminal” entre el ministro y el ex ministro de la Legalidad.
Además, el fiscal sostuvo que Zavala transmitió en el nombre de Freixes la exigencia de la renuncia y que luego de obtenerla, se lo comunicó al ministro. Rachid, al igual que André, coincidió en que no era necesario que Ziliotto firmara la renuncia para que se cometiera el delito, sino que el mismo “se consumó al solo momento de llevar la exigencia”.
Rachid también mencionó como jurisprudencia que los coautores son quienes organizan lo concreto del plan, como quién será el autor, cuáles serán los medios empleados y cuál la intensidad del daño. Además, el fiscal remarcó que “basta también que el acuerdo se de solo, durante o después del comienzo del hecho, y que se realice tácitamente y que tampoco es preciso que el plan del hecho establezca cada detalle de la conducta de los coautores”.
“No importa quién lo ideó, lo que importa es que todos los que hacen un aporte esencial a la ejecución se hayan ajustado al plan. Por lo tanto no interesa si lo ideó Zavala o Freixes, el plan criminal existió y fue desarrollado por ambos”, dijo Rachid. “Nada de lo que hizo Zavala pudo hacerlo sin la previa habilitación y consenso de quien manejaba la cartera, que era el ministro Freixes”, añadió el fiscal, recordando además la participación de la esposa de Freixes en el plan y también que “Zavala invocaba al ministro cada vez que tenía una de estas reuniones” en las que exigía las renuncias.
Para finalizar la jornada matutina, André pidió la pena de 7 años de prisión para Freixes y Zavala por el delito de coacción agravada, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años, que es la pena máxima de este tipo.
En las próximas horas se conocerá si el veredicto se dictará el día de hoy o si pasará para la semana que viene.
