El día de ayer, durante la sesión del Concejo Deliberante que se realizó en el barrio Primero de Mayo, se aprobó por unanimidad un proyecto del concejal Javier Suárez, el cual pasará a regular la publicidad oficial de la Municipalidad de San Luis.

El proyecto, que alcanza a los tres poderes municipales, regula una gran cantidad de puntos y establece, entre otras cosas, la finalidad que deberá tener la publicidad oficial y la creación de un Registro de Medios de Comunicación y Agencias de publicidad.

De igual manera, el punto más importante quizás sea el artículo 8, el cual prohíbe “la colocación del nombre, imagen o identificación del Intendente y/o sus Secretarios, del Presidente del Concejo Deliberante y/o demás Concejales, y de los Jueces de Faltas y/o miembros del Tribunal de Faltas, en cualquier Publicidad Oficial del Estado Municipal, en la que se evidencie fines propagandísticos, proselitistas, o que de algún modo busque inducir o convencer a la población de las bondades o virtudes políticas, sociales o personales de dichos funcionarios”.

Este tipo de regulación es en realidad una tendencia en todo el país y, de hecho, a nivel provincial se ha presentado un proyecto similar, el cual, lamentablemente, todavía no ha recibido tratamiento. Su objetivo, en el nivel estatal que sea, es evitar la promoción de la figura personal de un político utilizando bienes del estado y que no se recurra en gastos como los que se vieron cuando Alberto Rodríguez Saá asumió esta gobernación y mandó a borrar, remover o reimprimir todo lo que dijera Claudio Poggi, quien siempre incluía su nombre en la publicidad oficial, al igual que habitualmente lo hace el intendente Enrique Ponce.

“Toda la comunicación de actos de gobierno tiene que estar enmarcada en la institución y no estar atenta sobre la persona que encarna la gestión, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos”, dijo el concejal Javier Suárez, autor del proyecto. “Se trata de un proyecto de ordenanza que trasciende a los partidos políticos”, agregó el edil.

Suárez también remarcó que, cuando el titular de un poder ejecutivo incluye su nombre en la publicidad oficial “se genera una competencia desleal y se encubre una campaña de posicionamiento político a partir de la utilización de recursos del Estado, más teniendo en cuenta que el año que viene es electoral y hay un fin de ciclo en la Municipalidad”.

Cabe señalar que el alcanza de esta flamante ordenanza no se limita solo a la publicidad propiamente dicha, sino que incluye también cuestiones como las boletas de los servicios municipales y los carteles de obra. “Implica todos los canales y vías de comunicación que lleva adelante el municipio”, resumió Suárez.

Otro hecho más importante es que Suárez y el resto de los concejales estuvieron trabajando con el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Ignacio Campos, quien les confirmó que la ordenanza no va a ser vetada. “Pudimos lograr un consenso y eso se manifiesta en que el proyecto hoy salió por unanimidad”, dijo el autor del proyecto, remarcando, antes de concluir, que la ordenanza incluye un “plazo de readecuación” para que se comience a aplicar a partir de 2019.