El mediodía de ayer comenzaron las dos sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante, tratándose en la primera de ellas el presupuesto y la tarifaria 2019, junto a la emergencia económica de la Municipalidad de San Luis.
La concejal Johana Sosa fue la miembro informante de Unidad Justicialista y entre las modificaciones que propuso se encuentra la incorporación al presupuesto de una gran cantidad de pequeñas obras que, a lo largo de este 2018, fueron aprobadas como proyectos de declaración y, en algunos casos, de ordenanza. Estos proyectos de declaración no son vinculantes para el Poder Ejecutivo, por lo que Unidad Justicialista siempre le está buscando la vuelta para que sean “obligatorios”, por más que la Municipalidad eventualmente termina realizando muchas de estas pequeñas obras.
Los concejales opositores también criticaron que el presupuesto solo dice que se van a realizar 11.400 metros de construcción y reparación de veredas, 200 cuadras de pavimento y 100 de repavimentación, sin especificar su ubicación. Lo mismo con cestos de basura, refugios de paradas de colectivo, carteles nomencladores, semáforos, metros de cloacas, luminarias y bancos de hormigón. Tras mencionar esto, Sosa pidió nuevamente la incorporación al presupuesto de todas las declaraciones y ordenanzas aprobadas este año.
Al parecer, estas incorporaciones fueron algo muy de último momento, lo que fue criticado por la concejal María José Domínguez, de San Luis Somos Todos, quien adelantó que no van a acompañar esta modificación al presupuesto. “Esto de no adherir que los proyectos de declaración se anexen al presupuesto no quiere decir que esas obras no se vayan a hacer y no estén contempladas en el presupuesto, pero no de la manera que la concejal Sosa estima”, manifestó la concejal oficialista.
Luego se disparó un nuevo y acalorado debate entre Germán Ponce y Daniela Serrano, con sus ya clásicas acusaciones mutuas de traidores y vendidos. Todo comenzó con Serrano destacando que las obras presupuestadas con fondos nacionales son realmente escasas y despachándose con una serie de críticas al Gobierno Nacional, las cuales terminaron recayendo en el Poder Ejecutivo Municipal y calificando al presupuesto como “ajustador y centralista” y una medida de la “antipolítica”.
Rápidamente, Germán Ponce le salió al cruce, destacando acciones como los pases a planta permanente, la concreción del centro de prevención de adicciones, los boletos gratuitos de Transpuntano, el refugio de mujeres víctimas de violencia de género, y los comedores municipales, comparándolos con los del Gobierno Provincial “donde te dan alimentos insalubres y ni siquiera respetan las normativas de la ciudad”. Además, el concejal le señaló a Serrano las cuadras de pavimento que el Gobierno todavía le debe al municipio y la deuda por la Municipalidad ilegal de María Angélica Torrontegui.
“Eso lo desconoce la concejal de La Cámpora, porque ahora está sentada al lado del Alberto y se olvidó del pasado y lo que el Alberto decía de Cristina. Muchos de los que entraron al Concejo gracias al trabajo de este municipio se han dado vuelta porque tienen los valores dados vuelta”, agregó Ponce, claramente refiriéndose a Serrano y Roberto González Espíndola, quienes fueron electos acompañando listas encabezadas por Enrique Ponce para luego pasarse al oficialismo provincial.
En cuanto a las críticas al presupuesto y lo solicitado por Sosa, Ponce sostuvo lo siguiente: “No me parece la mejor forma de planificar una ciudad. Para eso tenemos listo un Código Urbanístico donde se dice la ciudad que se debe hacer, avalado por profesionales, estudiado, no poniendo lomos de burro y semáforos por el antojo que se le da a un concejal. En todas las sesiones que hicimos en los barrios, lo primero que nos dijeron siempre fue que el problema era la seguridad y nunca gestionaron acciones de la policía, ustedes que tienen el teléfono abierto. Y ese proyecto que mencionaron recién, que habla de un endeudamiento, ¿saben para qué es? Para darle seguridad a la gente a través de la iluminación. Tienen que ser coherentes”.
Tras la pelea Serrano – Ponce, el proyecto fue finalmente puesto a votación y se aprobó por 12 votos positivos y dos abstenciones, que fueron las de los concejales Daniela Serrano y Luis “Piri” Macagno, logrando las incorporaciones de los proyectos de declaración y ordenanza que solicitó Unidad Justicialista. También se realizó una modificación al artículo 7, la cual impide que el Poder Ejecutivo cree nuevas partidas presupuestarias, limitando además la modificación de partidas al 10% del total del presupuesto.
Acto seguido vino el debate de la tarifaria, pero este no generó ninguna gran pelea o discusión, ya que claramente se habían consensuado previamente las modificaciones que sugirió el concejal Guillermo Araujo y que ya informó La Gaceta. El aumento en las tasas es del 31%, una cifra considerablemente menor a la inflación de este año.
El siguiente tema fue la consabida emergencia económica, un artilugio que utiliza tanto el Gobierno provincial como el municipal para, entre otras cosas, no pagar las sentencias de los juicios ultramillonarios que han perdido.
El proyecto, al igual que todos los años, fue aprobado por 13 votos y una abstención, pero en esta ocasión se introdujeron algunas modificaciones, como la eliminación del inciso E del artículo 1, que permitía “utilizar temporariamente todo fondo asignado previamente a otros fines para disponibilidad de las partidas necesarias hasta la vigencia de la presente emergencia”. También se realizó una modificación para que el Departamento Ejecutivo deba pedir autorización del Concejo para realizar contrataciones directas de “bienes y servicios esenciales para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas”.
Por el momento, cabe esperar cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo a este tipo de modificaciones que pueden dificultar la prestación de algunos servicios si siempre hay que pedirle autorización al Concejo Deliberante. Cabe recordar que el Concejo solo sesiona 9 meses al año, mientras que los servicios municipales se prestan todo el año.
Esta sesión extraordinaria concluyó con la aprobación de la licencia del intendente Enrique Ponce, quien se tomará vacaciones del 26 de diciembre al 10 de enero.
