Este jueves, el secretario Legal y Técnico, Ignacio Campos, dio a conocer que, el pasado 18 de diciembre, la Municipalidad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, en el marco de la causa por los fondos que el Gobierno provincial le depositó a la intendencia ilegal de María Angélica Torrontegui.
Esta presentación es para lograr que la Corte Suprema ordene al Superior Tribunal de Justicia de San Luis tratar el recurso extraordinario federal que la Municipalidad presentó en agosto pasado. A su vez, este recurso extraordinario federal consiste en que el STJ local eleve todo lo actuado en el ámbito local a la Corte Suprema, para que la misma se pronuncie con respecto a los fondos que reclama la Municipalidad.
Como por cuatro meses el STJ no dio curso a este recurso extraordinario federal, la Municipalidad decidió presentar el recurso de queja. Ahora solo resta esperar qué resuelve la Corte Suprema, pero difícilmente haya un pronunciamiento antes de marzo de 2019.
La historia del reclamo por los fondos de la doble intendencia
La doble intendencia de “la” Torrontegui nació de un llamado a elecciones municipales que hizo en 2003 el Gobierno provincial al ver que no podía derrotar a Carlos Ponce en la ciudad de San Luis. Esto fue resuelto por la Corte Suprema en 2005, la cual declaró la nulidad todo lo actuado por la intendencia ilegal de Torrontegui.
Luego de esto, durante las intendencias de Daniel Pérsico y Alfonso Vergés, que por aquel entonces eran opositores al oficialismo provincial, la Municipalidad de San Luis comenzó con una serie de presentaciones judiciales para “lograr que todos los fondos que correspondían en concepto de coparticipación municipal fueran efectivamente restituidos a las arcas de la ciudad de San Luis”.
Los fondos de coparticipación que de noviembre de 2003 a febrero de 2005 fueron depositados a la intendencia ilegal de “la” Torrontegui fueron alrededor de 30 millones de pesos. Actualizado ese monto, estimó Campos, equivaldría “a un presupuesto anual”, que hoy ronda los 700 millones de pesos.
Sin embargo, luego vino la gestión de Alicia Lemme, la cual, a través de su asesor legal, se presentó en el proceso judicial y desistió de las acciones llevadas a cabo por la Municipalidad. “Este desistimiento es absolutamente inválido, inexistente y nulo, por cuanto hay una expresa norma que dispone que todos los desistimientos, transacciones o acuerdos judiciales en donde la Municipalidad sea actora, deben ser dispuestos de manera expresa y mediante un decreto del titular del Poder Ejecutivo municipal. Esto no sucedió jamás”, dijo Campos, expresando las razones por las que la gestión de Enrique Ponce sostiene que el reclamo por estos fondos todavía está vigente.
A pesar de que este decreto nunca existió, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis, siempre fiel al oficialismo provincial, ordenó en 2008 el archivo de todo lo actuado por la Municipalidad. La gestión de Enrique Ponce, luego de asumir en 2011, planteó la nulidad del desistimiento llevado a cabo por Lemme, pero el STJ, en julio de este año, no dio lugar a lo planteado por la actual gestión municipal.
A raíz de esto, la Municipalidad interpuso en agosto el ya mencionado recurso extraordinario federal, “a los fines de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la que revise estas decisiones y disponga un pronunciamiento sobre la cuestión”.
