Ayer miércoles, familiares de víctimas de la Tragedia de Zanjitas marcharon hasta el Poder Judicial y lograron ser atendidos por Virginia Palacios, la jueza a la que le tocó la causa por falso testimonio que se desprendió del juicio de 2015, donde el chofer del colectivo, Julio César Jofré, fue condenado a cuatro años y ocho meses por “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal, agravado por la pluralidad de victimas y la conducción imprudente, negligente e inexperta de un automotor”.
Las personas que se ordenó investigar en 2015 son la directora del colegio Santa María, Mónica Noemí Luna; el cura Daniel Esteban Pérez y la catequista María José Amitrano.
“Tener después de casi 8 años salir a la calle a pedir Justicia es una vergüenza. Es una vergüenza. Queremos que nos escuchen, que den la cara y que nos digan y nos expliquen en qué estado está la causa y por qué se ha demorado tanto”, comentó Alejandra Manucha, mamá de una de las chicas que perdió la vida en el accidente, antes de ser recibida por la jueza Palacios.
“Sabemos que la Justicia es lenta, pero en este caso donde hay 8 muertes, donde hay criaturas de por medio fallecidas, y un montón de niñas que han quedado lesionadas y siguen sobreviviendo como pueden. Queremos realmente que den la cara y que nos digan por qué se han tomado tanto tiempo, cuando tendría que haber salido el juicio hace rato”, agregó la mujer, indignada además porque las rejas del edificio del Poder Judicial habían sido cerradas. .
“Es otra vez sufrir lo que se sufrió hace 8 años, con una Justicia que lleva casi 8 años sin contestarnos, sin decirnos nada”, comentó Elia Guajardo, otra mamá. “Los victimarios se están haciendo las víctimas. Hoy una de mis hijas fue atacada por una docente del colegio Santa María, que le dijo que se fijara un poco en el colegio y se pusieran en los zapatos del colegio, cuando hay que ponerse en el lugar de las mamás que perdieron a sus hijas”, señaló.
Tras recibir a los padres, que luego fueron atendidos por el juez de cámara Hugo Saá Petrino, Palacios habló con la prensa sobre la casa por falso testimonio en contra de de Luna, Altamirano y Pérez. Al respecto, la jueza explicó que el Ministerio Público Fiscal consideró que existía “ningún tipo de elementos probatorio como para considerar que había proceder a un llamado a indagatoria”. “Es así que la causa se resolvió por la no conformación del artículo 147 y se disponía el archivo”, explicó la jueza, quien además señaló que los padres no estaban al tanto de esta situación “porque nunca se hicieron parte en el expediente”.
De igual manera, Palacios remarcó que a esta situación “la pueden revertir”. “Se pueden notificar personalmente, pedir el cese del estado de reserva y aportar los testigos que ellos dicen que les han planteado sus abogados. Están un poco enojados con los abogados. Yo de mis colegas abogados no voy a hablar mal, porque verdaderamente no se el cúmulo de causas en general”, concluyó la jueza.
