[dropcap style=”square”]E[/dropcap]l día de hoy coincidieron dos proyectos relacionados el aumento del 63% que ha solicitado Edesal y que tiene a más de un sanluiseño preocupado. Uno de los proyectos fue del diputado Juan Pablo Funes y consistió en “expresar la preocupación y repudio al aumento” solicitado por Edesal; mientras que el otro, autoría de Alejandro Cacace, directamente pidió que el Gobierno lo desestime.

Los proyectos terminaron siendo unificados y aprobados por unanimidad, pero antes hubo un extenso debate y una pulseada con Unidad Justicialista, el cual inicialmente no quería acompañar estos proyectos.

Uno de los puntos que remarcó Funes Bianchi es que no se sabe en cuánto este pedido de aumento afectará al vecino. “No se ha sido claro en ese panorama. Algunos dicen 25%, otros dicen 30 y otros muchos más, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que es cierto es que este aumento va a afectar al usuario y es a quien nosotros debemos defender fuertemente”, dijo el diputado, quien advirtió que si el gas, la luz y las tarifas siguen subiendo, “muchos comercios van a cerrar”.

“Nosotros no estamos culpando al Gobernador ni lo estamos acusando, lo que estamos haciendo es, respetuosamente e institucionalmente, decirle que, por favor, rechace esta medida que va en contra de los puntanos”, dijo Funes Bianchi. “No soporta más la gente y tenemos que poner un freno a todo esto”, agregó.

Por su parte, Alejandro Cacace destacó que el proyecto de su bloque pide que se desestime el pedido de aumento, ya que no tiene sentido repudiar algo que “todavía no ha acontecido” y porque “los organismos del estado con la potestad regulatoria no han aún intervenido en este trámite”.

El candidato a diputado nacional además remarcó que, a nivel nacional, el Gobierno de Mauricio Macri “ha congelado las tarifas de jurisdicción nacional, es decir todo lo que es generación y transporte se ha congelado para todo el año”. En este contexto, señaló que las distribuidoras de provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma han congelado sus tarifas este año, mientras que en otros puntos del país los aumentos no superan el 16%.

Cacace coincidió además con Funes en señalar que “el 31 de mayo de 2019 se realizó una asamblea de accionistas y los balances de la compañía indican que, en el último trimestre, se repartieron $114 millones de dividendos entre sus accionistas, en concepto de dividendos por unanimidad de votos presentes”.

“No pueden alegar una situación de dificultad financiera ni operativa e insisto, en razón del contexto que tenemos me parece que no es momento para disponer esa suba de la tarifa eléctrica”, dijo el opositor, señalando que 4 de cada 10 sanluiseños no tiene acceso al gas natural.

Por su parte, el oficialista Luis Martínez dijo que el bloque se opone al aumento, pero de igual manera disparó contra los opositores, señalando que la notificación de la audiencia pública de Edesal ingresó a la Cámara hace un mes y que nadie asistió a la misma. Además, remarcó, como ya lo explicó La Gaceta, que la empresa solicita un aumento sobre la parte de distribución, ya que el costo de la energía es algo que se rige a nivel nacional. “No me parece razonable halar de un 60%, pero hay que explicar que es sobre el componente de la distribución y no sobre el total de cualquier factura”, continuó el diputado, quien sostuvo que la Comisión Reguladora de Energía “hará lo mejor posible, dentro de las facultades y las obligaciones que tiene para actuar”.

“No estoy de acuerdo con el pedido de aumento, pero tampoco estoy de acuerdo con llegar hoy acá a generar esto, que en definitiva es desplazarle la responsabilidad al Ejecutivo, cuando el Ejecutivo sobre la incidencia económica nacional no tiene nada que ver”, continuó Martínez, quien adelantó que el bloque iba a rechazar el tratamiento de estos proyectos.

No obstante, cuando la mayoría se impuso y los proyectos fueron tratados en el recinto, Martínez y Unidad Justicialista terminaron a votando a favor del proyecto unificado, ya que los opositores aceptaron incorporar un artículo que expresa la preocupación “por la inflación y el impacto que eso tiene sobre los costos de las empresas y los precios para usuarios y consumidores”.