Analizar, aprobar y/o rechazar las cuentas de inversión es una de las tareas más importantes que tiene la Cámara de Diputados de San Luis y una de las pocas que generalmente cumple. Este año, debido a que nuestros diputados nuevamente se tomaron vacaciones antirreglamentarias y al hecho de que las mismas terminaron muy cerca de fin de mes, las cuentas de inversión 2018 del Gobierno provincial quedaron a un paso de ser aprobadas de manera ficta (automáticamente); lo cual sería una verdadera vergüenza institucional.
O sea, es como si un grupo de alumnos decidiera realizar una rateada colectiva y, al volver de la misma, postergar la fecha en la que tenían que presentar un trabajo práctico. Obviamente, eso sería inadmisible en el ámbito escolar, y ni hablar en el laboral, pero en el legislativo los diputados pueden otorgarse aumentos de sueldo, agregar semanas de vacaciones a los 4 meses que ya de por sí tienen y, luego, buscarle la vuelta para postergar las fechas concretas en que deben realizar sus tareas.
Los diputados trataron de salvar este papelón con la presentación de un proyecto de pedido de informe, el cual señaló algunos puntos de las cuentas de inversión que, para la oposición, no están claros. “Tenemos algunos títulos nada más, o un solo reglón de explicación, y por ahí son muchos rubros en que necesitamos más aclaración”, dijo Alberto Fara, el especialista de Juntos por el Cambio en temas económicos.
“Son las cuentas más importantes de la provincia”, reconoció Fara, hablando sobre el tratamiento de comisión que solo se le dio a este tema el martes de esta semana. Entre los puntos que necesitan ser aclarados está el saldo financiero, el cual fue de 8.700 millones de pesos, por lo que se pide que se informe en donde están depositados o si con este dinero se está realizando algún tipo de inversión financiera.
“El Gobierno nos está informando que tiene en gastos corrientes un 63% por encima de lo que establece la Ley Permanente de Presupuesto de la Provincia”, señaló Fara, recordando que esta ley establece que los fondos se destinen en la misma proporción a gastos corrientes (como pago de sueldos o servicios) y a gastos de capital (obra pública). Lo que es más, el legislador sostuvo que los gastos corrientes este año podrían ascender inclusive al 70%.
Ante este contexto, el pedido de informe pide que se aclare “la calificación de gastos corrientes y gastos de capital”. Esto se debe a que el oficialismo, desde 2017, considera que los gastos en planes sociales, algo que históricamente se consideró como “corriente”, son de “capital”. En este contexto, cabe señalar que el Gobierno gastó en 2018 más de 3 mil millones de pesos en planes sociales, mientras que en obra pública, señalan los opositores, se gastó menos del 6% presupuestado.
Esta calificación de planes sociales como gastos de capital fue defendida, una vez más, por el oficialista Luis Martínez, quien criticó a los opositores por no haber ido, durante las dos semanas de “licencia”, a la Contaduría General de la Provincia para evacuar sus dudas. “Tenían tiempo más que suficiente para ir a Contaduría, que no está de licencia, para hablar con Daniel Marone, que no está de licencia, y sacarse todas las dudas que quisieran”, disparó el oficialista, quien aseguró además que su bloque no tiene dudas porque trabajan “asiduamente y cotidianamente con el Ministerio de Hacienda”.
Martínez además puso en duda lo que pueda pasar en el Senado, el cual tiene mayoría albertista y podría considerar “que está fenecido el plazo” extra que se dieron a si mismos los diputados. “Son decisiones soberanas de las cámaras y lo cierto es que hoy terminaba el plazo”, dijo el diputado.
Volviendo a la calificación de planes sociales como gastos de capital, dijo que es un error considerarlos como corrientes, ya que “para la ley es un gasto de inversión y cuadra dentro del concepto de capital” y “lo mismo pasa con algunos gastos y subgastos en conceptos de educación”. Acto seguido, dio como ejemplo que montar una escuela generativa y la contratación de personal para la misma “es un proyecto de inversión que está analizado dentro de la ley como un gasto de capital, porque es un proyecto de inversión social”. Por último, agregó que una violación a la Ley de Presupuesto sería “utilizar una fuente de financiamiento y destino del gasto para llevarlo al otro”.
