Tal cual ocurrió el pasado jueves, Unidad Justicialista no dio quórum este lunes para definir qué sistema de votación se utilizará en las próximas elecciones municipales. En el orden del día de la sesión de este lunes, que se convocó luego de que la del jueves pasado no tuvo quórum, se encontraban los proyectos para establecer los marcos normativos para la utilización de los sistemas de boleta única de papel y de boleta única electrónica, a los que se suma la obligatoriedad del debate de candidatos a intendente y concejales.
Al igual que el jueves pasado, a la sesión asistieron los 3 concejales de San Luis Somos Todos, los 3 de Avanzar y Cambiemos y Roberto González Espíndola, quien por más que pertenece a Unidad Justicialista, en cuanto el intendente Enrique Ponce anunció que quería implementar la boleta única de papel, presentó un proyecto para dotar de un marco normativo a este sistema que nunca se ha utilizado en San Luis Capital.
Si bien la Carta Orgánica establece que es el intendente quien tiene la potestad de elegir el sistema a utilizar en los comicios, desde San Luis Somos Todos y Avanzar y Cambiemos temen que el oficialismo provincial quiere que la boleta única de papel se quede sin marco normativo para, de ese modo, poder salir a decir que el llamado a elecciones de Ponce no es válido y terminar utilizando el clásico sistema de lista sábana.
A esto hay que sumarle que el sobrino del intendente, el concejal Luis “Piri” Macagno, quien supo pertenecer al oficialismo municipal y en su juventud era un fervoroso crítico de los Rodríguez Saá, presentó un proyecto para la utilización de la boleta única electrónica. Por más que las bondades del sistema son más que conocidas, su implementación podría costar más de 15 millones de pesos, una cifra realmente enorme en comparación con los $700.000 que costaría utilizar la única de papel.
Además, estiman desde Avanzar y Cambiemos, los tiempos no darían para llamar a licitación e implementar este sistema, menos aún si Macagno y sus amigos de Unidad Justicialista faltan a las sesiones del Concejo donde se tienen que definir estos asuntos. Y a esto hay que sumarle el hecho de que la Municipalidad tiene una deuda millonaria con la empresa que proveyó del sistema de votación electrónica en 2017.
