Esta mañana, en la sesión que se realizó en el club Huracán, el Concejo Deliberante volvió a aprobar el protocolo de traspaso de gestión. Esta ordenanza fue originalmente aprobada a comienzos del 3 de octubre, pero el intendente, Enrique Ponce, la vetó a los pocos días.
“En estos días hemos estado dialogando con el intendente y todo su equipo y logramos llegar a un punto en común”, contó el concejal Javier Suárez, quien contó que se acordaron, con el actual oficialismo municipal, algunas modificaciones para poder volver a aprobar el proyecto.
La principal modificación gira en torno a la pena de hasta dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos que fija el proyecto. En la versión que Ponce vetó, esta pena debía ser aprobada por el Concejo Deliberante por mayoría simple (la mitad más uno). En la versión aprobada hoy, con 10 votos afirmativos y 3 abstenciones, se necesitarán los dos tercios de los votos del Concejo Deliberante para poder aplicar esta pena. El objetivo de esta modificación, que fue solicitada por el Poder Ejecutivo, es que las mayorías circunstanciales del Concejo no utilicen estas penas para fines políticos, como por ejemplo proscribir a determinados candidatos.
En Suárez resaltó la importancia de que la gestión saliente le entregue a la nueva “los informes y las herramientas necesarias” para poder continuar con la prestación de servicios y “gestionar la municipalidad de la manera más adecuada posible”.
“Tiene como principal objetivo que la gestión que se va le brinde informes, declaraciones, que le entregue todo lo relativo a material o herramientas para seguir prestando los servicios, como planimetría, mapas y todo lo relativo a la gestión municipal”, añadió el edil.
Otro proyecto de importancia que se aprobó es autoría del ex concejal Francisco Guiñazú y consiste en la creación de la figura del defensor del pueblo. “Hacía mucho tiempo que estaba esperando su aprobación y hemos logrado, de esta manera, dar un salta de calidad desde el punto de vista institucional, pensando en garantizar a los vecinos herramientas que le permitan una mejor calidad de vida en todos los barrios y mejorar todo lo relacionado con la defensa de los derechos colectivos”, comentó Suárez, quien por dos años fue compañero de bloque de Guiñazú.
Esta figura va a funcionar en el Concejo Deliberante y tendrá como función impulsar los reclamos de los vecinos en los ámbitos judiciales y administrativos. “Si tenemos un problema de incidencia colectiva, como ruidos molestos o contaminación ambiental, el defensor del Pueblo va a tener legitimación para actuar ante los organismos municipales, provinciales y nacionales en defensa de los derechos de todos los vecinos”, concluyó Suárez, lamentando por otro lado los más de 15 años que el puesto lleva vacante a nivel provincial.
