En proyectos presentados en sus respectivos ámbitos, legisladores de San Luis Unido pidieron que se les informe sobre los fondos que la provincia ha recibido de Nación y sobre la contratación de los hoteles de la cadena Epic para que la gente pueda realizar la cuarentena al regresar a la provincia.

Uno de estos proyectos pertenece al senador nacional Claudio Poggi, quien presentó un proyecto de comunicación en la cámara alta nacional donde le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos competentes, informe al Senado sobre los aportes del tesoro nacional (ATN) que se otorgaron o transfirieron a lo largo del año, al Gobierno de la Provincia de San Luis, “individualizando montos y fechas de cada uno de ellos”.

El exgobernador solicita también conocer cuáles son los aportes que el tesoro nacional tiene previsto otorgar al gobierno de la provincia de San Luis, y en particular los que se prevén asignar y se han asignados, destinados a compensar la caída de los ingresos y también hacer frente a las mayores erogaciones vinculadas a la prevención de la propagación del covid-19.

El pedido de información surge ante manifestaciones de la presidente del Comité de Crisis provincial, María José Zanglá, quien en declaraciones públicas expresó lo siguiente: “Que la Nación está proveyendo equipos pesados, pero muy pocos elementos de protección personal. Nos han dicho que en los próximos días también ingresarían test rápidos, pero aún no han llegado. Sin embargo, la Provincia está comprando en forma permanente y aumentando el número de stock de insumos y equipamientos… La Nación nos aporta muy poquito”.

También hay que tener en cuenta las declaraciones de la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, quien aseguró que la provincia ha recibido un total de 463 millones, los cuales, en su gran mayoría han sido destinados a la obra del nuevo Hospital Central. La funcionaria manifestó claramente que el Gobierno no va a coparticipar estos recursos.

El otro proyecto fue presentado en el ámbito provincial por los diputados Gastón Hissa y Luis Lucero Guillet y es un pedido de informe sobre la contratación de la cadena de hoteles Epic para que puntanos realicen allí sus cuarentenas.

“¿Por qué elegimos el Epic? Porque de todos los que ofrecieron para ayudar, fue el que cotizó a un precio menor”, dijo Rodríguez Saá, explicando por qué se eligió a esta cadena. En detalle, Rodríguez Saá señaló que el Gobierno pagará $1.250 de alojamiento por día por persona, y $500 por día la pensión completa.

“Asimismo, de acuerdo a distintas declaraciones en medios periodísticos, representantes de hoteles han manifestado que no recibieron el pedido de cotización, ni se les dio la posibilidad de cotizar para la prestación de sus servicios de alojamiento y pensión. De esta manera, pese ser uno de los rubros económicos más golpeados por la paralización de las actividades, varios proveedores habrían sido discriminados”, dice el proyecto de SLU.

“De ser así, nos encontraríamos frente a una clara violación al principio de concurrencia que debe primar en toda contratación que encare el Estado, y que ha sido adoptado en el artículo 93 de nuestra Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de la Provincia Nº VIII-0256-2004. Esta regla fomenta la mayor participación y competencia posible entre los potenciales contratistas”, continúa el proyecto en sus fundamentos.

“Las circunstancias excepcionales que nos encontramos atravesando no eximen a los funcionarios responsables de respetar los principios generales de contratación como tampoco de seguir los procedimientos de contratación pública vigente. Ellos manejan fondos públicos, deben actuar con probidad, dentro del marco legal y con la debida publicidad que exige nuestro sistema de gobierno republicano, en un todo conforme con el artículo 9º de nuestra Constitución Provincial que prevé: ‘Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma, medio y modo que la ley determina, garantizando su plena difusión; en especial aquellos relacionados con la percepción, gastos e inversión de la renta pública y toda enajenación o afectación de bienes del Estado Provincial. La violación a esta norma produce la nulidad absoluta del acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que le correspondan a los intervinientes en el acto’”, concluye el proyecto antes de pasar al articulado.

El pedido de informe:
ARTÍCULO 1°.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que se sirva informar, con relación a las contrataciones realizadas con motivo de las medidas establecidas para la prevención de la propagación del Covid-19, lo siguiente:
a) Procedimiento adoptado para la contratación de los servicios de hotelería y alimentación para que aquellas personas que ingresen a la provincia de San Luis puedan ingresar en cuarentena; fundamentando hechos y circunstancias como normativa aplicable que faculte la elección del mismo.
b) Detalle de servicios referenciados en el apartado a) que fueren contratados –o que estuvieren en trámite– hasta la fecha de la contestación del presente requerimiento, individualizando precios unitarios, monto de las partidas presupuestarias afectadas, proveedor, fecha de contratación, números de expedientes donde tramitaron las contrataciones; acompañando copia de la totalidad de las actuaciones de los expedientes respectivos.
c) Detalle de las personas a las que se hubieren invitado a contratar para prestar los servicios individualizados en a), munido de sus respectivas cotizaciones, acreditando la fecha y la efectiva invitación cursada.
d) Procedimiento seguido para la selección del Hotel Epic y/o cualquier otro hotel que se haya indicado como alternativa de alojamiento para realización de la cuarentena, a costo de quien realice la cuarentena, y por los presupuestos que en cada caso le fuere informado a éste al momento de gestionar el permiso de ingreso a la provincia; fundamentando en todos los casos el motivo de la elección de dichos alojamientos alternativos, acompañando copia de la totalidad de las actuaciones de los expedientes donde tramitó la selección de los lugares alternativos de alojamiento y definición de las tarifas de servicios.