A comienzos de este mes, se produjeron dos fallos de la Justicia Federal referidos a la política del Gobierno de San Luis de ingresos y egresos de nuestra provincia. Uno de la Justicia Federal de Río Cuarto, que hizo lugar al amparo presentado por, entre otros, la Sociedad Rural de Río Cuarto y de Vicuña Mackenna, ordenando al gobernador Alberto Rodríguez Saá que permita la circulación en puestos limítrofes y caminos a personas que tengan el permiso de certificado de circulación que emite el Gobierno Nacional. El otro fallo fue del juez Federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, quien resolvió hacer lugar a la acción declarativa de certeza que interpuso el Gobierno provincial para que se respeten todas las medidas sanitarias y protocolos de ingreso, egreso y circulación en la provincia.
Ayer, este conflicto llegó, como era de esperarse, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por pedido del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, según informó Clarín.
En su presentación, el juez Ochoa dispuso “rechazar el planteo efectuado por la demandada no aceptando la competencia que se arroga el Tribunal Federal de San Luis, debiendo elevarse la presente a la Corte Suprema de Justicia por ser el tribunal competente para entender”.
Por su parte, las entidades ruralistas representadas por el abogado, constitucionalista y ex diputado de la UCR, Antonio Hernández, pidieron a la Corte que “se avoque de inmediato a la consideración de este conflicto de competencias”. “Así no se puede ejecutar la medida cautelar del Juez de Río Cuarto que dispuso el levantamiento del bloqueo de esas rutas, que ha producido desde hace ya varios meses la violación de gran cantidad de derechos fundamentales de los vecinos del sur de la Provincia de Córdoba, estrechamente vinculados a localidades de la Provincia de San Luis”, manifiesta el escrito presentado por los productores agropecuarios.
“Se están violando los Artículos. 9 a 12 de la Constitución Nacional que impiden la existencia de aduanas interiores o de prohibiciones que impidan el tránsito de personas o mercaderías en el único territorio de la Nación. Están en juego normas y principios esenciales del federalismo argentino”, agregó Hernández.
“La emergencia no está por encima de la Constitución ni la suspende. La restricción de derechos debe ser razonable para no destruirlos. Esa es la esencia de nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho. Y eso debe ser garantizado por los Jueces de la Nación”, continúa la presentación realizada por el ruralista, remarcando que “la competencia federal en este caso es indudable por aplicación del Art. 116 de la Constitución Nacional”.
Hernández y su colega Javier Quiroga, en representación de las sociedades rurales de Río Cuarto, de Vicuña Mackenna y la Asociación Civil de transportistas de Achiras denuncian que se trata de una medida inconstitucional que afecta el transporte y la producción de la zona e incluso dejó bloqueada a una iglesia.
Por su parte, el juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, había avalado la medida cautelar impuesta por el Gobierno provincial de Rodríguez Saá y dictaminó que “se respeten todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo puntano para el ingreso y egreso de los camiones a la provincia debido a la pandemia de coronavirus”.
El dictamen destaca que “el Estado Provincial tiene el deber de establecer su accionar frente a la pandemia de Covid-19 teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales: por un lado, que el derecho a la vida constituye un primer derecho natural de la persona, preexistente a toda legislación positiva; a lo que deben sumarse los deberes del Estado Provincial: combatir las pandemias y garantizar el derecho a la salud”.
En diálogo con La Gaceta, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, había anticipado que el tema podía, eventualmente, llegar a la Corte Suprema. “Cualquier conflicto que se puede suscitar, como son dos juzgados federales, el máximo tribunal para ese fuero judicial es la Corte Suprema de Justicia, con lo cual eventualmente podría llegar a intervenir. Pero le doy tranquilidad a toda la gente de San Luis de que está vigente esta medida del Juzgado Federal de San Luis, que ha consentido la constitucionalidad y la legalidad de las normas y ha ordenando que cualquiera que quiera ingresar a San Luis tenga que cumplirlas”, dijo Allende a este medio, el pasado 2 de julio.
